El ejército nuevamente a las calles. El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que recurrir a las fuerzas armadas para hacerle frente a la delincuencia, que con todo y pandemia, no aflojo y los asesinatos crecieron sustancialmente en los últimos meses. Marzo y Abril, fueron los más violentos de los últimos años. El Diario Oficial publicó el acuerdo para que elementos de la Defensa Nacional y la Marina participen en ayuda a la guardia nacional de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Es responsabilidad de la Guardia Nacional, creada el año pasado y que está en funciones pero no al cien.
En el decreto que la creo la Guardia Nacional, se dejó un artículo transitorio que le permite solo al Presidente de la República, contar con las fuerzas armadas por cinco años, para ayudar en las tareas de vigilancia, mientras se consolida la Guardia Nacional. La publicación del decreto vi gente desde hoy y hasta el 27 de marzo de 2024 llega cuando el país atraviesa un pico de violencia mientras que en 2018 el promedio de homicidios diarios era de 94 en 2019 cerró con 97, hoy anda cerca de los 100. La realidad es que la delincuencia y los homicidios han proliferado y hay que combatirlos a como dé lugar, exactamente como lo hizo Felipe Calderón, nada más que los modos cambiaron, pero finalmente fue con nuestro heroico ejército.
Al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, se va a quedar con las ganas de tres años más que quería adjudicarse ilegalmente a su Gobierno electo dos años, con la complicidad del congreso, en dónde todos los partidos políticos participaron, violando la Constitución General de la República y realizando un fraude al sistema democrático del país. El pleno de ministros de la Suprema Corte (SCJN) declaró por una unanimidad inconstitucionales las reformas a la Carta Magna de Baja California conocidas como ley Bonilla, que extendían hasta 2024 el periodo del gobernador Bonilla Valdez. Las consecuencias del fallo son que se volverá al texto anterior de la Constitución local y el gobierno de Jaime Bonilla Valdez terminará el 31 de octubre de 2021 y habrá elecciones el año que entra. Ahora las dirigencias partidistas buscan sancionar a los diputados tramposos que se vendieron al capricho y que se prestaron a este fraude, y ojalá así sea. La IP busca a los gobernadores ante el portazo que les dieron en Palacio. Así las Cosas, hasta pronto.