Cada 20 de febrero el Día Mundial de la Justicia Social invita a reflexionar sobre cómo ampliar la inclusión económica en contextos que cambian aceleradamente. En 2026 esa conversación no puede limitarse a una sola forma de generar ingresos ni a una única fórmula de bienestar.
Adicionalmente, en México el punto de partida es claro: alrededor de 54 por ciento de los trabajadores en México labora en condiciones de informalidad, según datos del Inegi. Esa realidad estructural obliga a pensar en cómo ampliar opciones de generación de ingresos sin cerrar puertas ni excluir a quienes buscan alternativas flexibles.
La realidad laboral es más diversa de lo que sugieren los titulares. Millones de personas combinan ingresos, alternan actividades y transitan entre distintas formas de participación económica a lo largo del año. En este entorno, las plataformas digitales operan como una nueva capa de infraestructura económica: no sustituyen al empleo tradicional, pero sí amplían las posibilidades de integrarse a la actividad productiva bajo esquemas flexibles.
La evidencia muestra que esa participación no es homogénea. Datos del ecosistema indican que 90 por ciento de quienes utilizan plataformas de reparto se conectan menos de 40 horas al mes, mientras que solo una proporción menor mantiene niveles de actividad equivalentes a una jornada completa. Esta distribución revela una diversidad de perfiles y grados de dependencia económica que no puede ignorarse en el diseño regulatorio.
Además, 73 por ciento de las personas que generan ganancias a través de plataformas digitales combina esta actividad con otras fuentes de ingreso, ya sea empleo formal, emprendimientos propios o actividades independientes. Para muchos se trata de un complemento; para otros, de una fuente principal. Esa pluralidad es precisamente el punto central del debate.
Si los niveles de participación son distintos, las soluciones también deben serlo. La discusión relevante no es si existen nuevas formas de trabajo, sino cómo diseñar esquemas de protección proporcionales que reconozcan distintos grados de involucramiento económico y garanticen cobertura ante riesgos sin imponer rigideces que terminen excluyendo.
Uno de los aprendizajes más importantes de los procesos regulatorios recientes es que la evidencia debe orientar la conversación. Analizar patrones de conexión, niveles de actividad y comportamiento de ingreso permite observar una realidad más matizada que la que suele aparecer en enfoques binarios.
También es importante considerar efectos indirectos que forman parte de la ecuación de justicia social: la digitalización ha facilitado procesos de inclusión financiera, trazabilidad de ingresos y expansión de mercado para miles de micro y pequeños negocios que antes operaban en esquemas mayoritariamente informales.
El desafío no es elegir entre flexibilidad o derechos, es construir marcos que integren evidencia, proporcionalidad y una visión de prosperidad compartida en un mercado laboral que ya es plural por naturaleza.
En el marco del Día Mundial de la Justicia Social, vale la pena elevar la conversación. La equidad en la economía digital no se construye restringiendo opciones, sino diseñando políticas públicas que respondan a la complejidad real del trabajo contemporáneo.