María Teresa Castro Corro, ex titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas en Puebla con Miguel Barbosa Huerta —hoy funcionaria del gobierno de la Ciudad de México con Clara Brugada—, fue encontrada responsable de desvío de recursos públicos y abuso de funciones por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial poblano.
Los magistrados la responsabilizan de la inversión fallida que realizó en junio de 2021 el gobierno de Puebla por más de 600 millones de pesos en Accendo Banco, le impusieron una sanción de 362 millones de pesos y la inhabilitaron por 20 años para ocupar cargos públicos.
Pero la historia no se agota en Accendo. ¿Quién explica cómo, en menos de dos años, adquirió bienes inmuebles por más de 9 millones de pesos? Sus ingresos declarados entre agosto de 2019 y junio de 2023 suman poco más de 4.2 millones: 59 mil 646 pesos mensuales más 31 mil 223 en gratificaciones como secretaria de Finanzas con Barbosa. Los números simplemente no cuadran. Y cuando el dinero no cuadra, suele haber más debajo de la alfombra.
Castro Corro tiene en la CdMx un contrato vigente hasta el 29 de diciembre de 2025 como “coordinador experto G” en la Secretaría de Administración y Finanzas. Llegó ahí el 16 de octubre de 2024, un día después de dejar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), siempre bajo el cobijo de Juan Pablo de Botton Falcón, un hombre que gozó de toda la confianza del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Qué sigue? La inhabilitación es aplicable en todo México. Aunque la sanción no es impugnable por apelación, sí puede ser combatida mediante una revisión ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aun así, sus efectos son inmediatos: la ley busca evitar que quien enfrenta acusaciones de este nivel permanezca en el cargo y tenga posibilidad de incidir en la investigación.
Así que, en teoría, Castro Corro deberá ser separada de su puesto en la CdMx y pelear por su inocencia. Para no dejarla sin sustento, recibirá un “mínimo vital”, una parte de su sueldo. Y si al final la justicia dice que no debía nada, el gobierno tendrá que devolverle cada peso.
Al Margen
La conducta de María Teresa Castro Corro en el caso Accendo Banco pudo ser por acción u omisión dolosa, pero sí amerita una investigación penal exhaustiva para que el caso no quede en una apuesta por el olvido entre corrientes internas de Morena, y se expliquen las compras inmobiliarias.