La solicitud de detención con fines de extradición que hace el gobierno de Estados Unidos a México sobre Rubén Rocha Moya, ahora gobernador con licencia de Sinaloa, ha dominado la conversación en detrimento de otro caso que transcurre en sentido inverso y con mucho menos ruido: el de Fernando Farías, detenido el 23 de abril en Buenos Aires a partir de una solicitud, también con fines de extradición, que hace el gobierno mexicano.
Fernando Farías es acusado de liderar una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos. En otras palabras: huachicol, pero en su versión más sofisticada y transnacional.
A primera vista, los casos parecen distintos, pero dialogan. Uno apunta a la dimensión política del poder; el otro, a la operación de redes criminales. Hay, sin embargo, un punto que no conviene perder de vista: ambos orbitan alrededor de personajes cercanos a Morena y al actual entramado de poder.
Porque si algo muestran los datos más recientes del Observatorio Ciudadano de Energía es que el huachicol no ha sido contenido, sino que cada vez es más sofisticada la forma en la que se drenan recursos públicos a una escala difícil de dimensionar.
En 2025, la pérdida de ingresos para Pemex se estima en 56 mil millones de pesos, mientras que la pérdida de ingresos para el gobierno federal por impuestos no recaudados alcanza los 67 mil millones de pesos. Sumadas, rondan los 123 mil 500 millones de pesos.
En el análisis “La evolución de las diferentes versiones de huachicol en México en los últimos diez años” el observatorio advierte que la pérdida de ingresos para Pemex en 2025 fue 16% mayor que en 2024, en tanto que la de ingresos para la Hacienda fue similar.
Lo perdido se equipara al presupuesto total ejercido para atender varias de las principales áreas de responsabilidad del gobierno federal: 1.7 veces el presupuesto total destinado a las actividades de Agricultura, Ganadería y Pesca; 85% del presupuesto total ejercido en el ramo de Transporte; 75% del presupuesto destinado a Seguridad Nacional (ejército y marina) y 2.3 veces el presupuesto total destinado a orden público y seguridad interior.
Al margen
A los casos Rocha Moya y Fernando Farías los une no sólo su cercanía con Morena y el gobierno: al primero lo acusa EU de haber ganado la gubernatura con ayuda del crimen organizado; sobre el segundo, el Observatorio advierte otro dato que, sin ser concluyente, debería encender la alerta: los picos de contrabando registrados en 2021 y 2024 coinciden, de manera recurrente, con ciclos electorales.
Vamos, si el dinero ilegal acompaña los ciclos electorales, no sólo financia el crimen, también financia el poder.