Familiares de personas desaparecidas pidieron una comisión de la verdad en 2018; todos los candidatos a la presidencia, incluido Andrés Manuel López Obrador, prometieron escuchar. Ocho años después, familiares de personas desaparecidas tuvieron que llegar hasta la ONU para volver a poner el tema sobre la mesa: México tiene más de 135 mil víctimas de desaparición y 72 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo de autoridades ministeriales, una crisis no reconocida por el Estado.
Entre febrero y mayo de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) “recibió información de organizaciones de la sociedad civil y grupos de víctimas según la cual la situación en México en lo que respecta a las desapariciones, incluidas las forzadas, es lo suficientemente grave como para justificar que el Comité actúe en virtud del artículo 34.
Al menos eso se lee en la carta dirigida por la presidencia del CED a António Guterres, secretario general de la ONU, quien a su vez la escaló en días pasados a la Asamblea General. En el fondo, lo que se impulsa es que los desaparecidos sí son responsabilidad del Estado, aunque no necesariamente porque esté implicado de forma directa, según la decisión adoptada por el CED, relativa a México, en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Ahora lo que viene es que la Asamblea General de la ONU debe ratificar la decisión del CED. Y sí, es una victoria de la sociedad civil mexicana que podría dar pie a la creación de una comisión de la verdad, así como de un mecanismo de justicia de transición que incorpore a expertos internacionales, al que el Estado le rinda cuentas.
Ahora bien, en 2018 las víctimas y los representantes de las víctimas presentaron a todos los candidatos presidenciales en las elecciones una propuesta: crear una comisión de la verdad y un mecanismo de justicia de transición. Todos, incluido el ganador Andrés Manuel López Obrador, la firmaron.
En septiembre de 2018, ya como presidente electo, López Obrador dijo a colectivos de familiares de desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil que “la Secretaría de Gobernación va a estar atendiendo las peticiones justas, las demandas de ustedes, todo esto, lo que aquí se está exigiendo (…) Todas las organizaciones de derechos humanos pueden entrar al país, son bienvenidas. Ya hicimos el compromiso de que la ONU va a ser siempre consultada; vamos a pedir apoyo para lo que tiene que ver con transparencia y con derechos humanos”.
Y luego no pasó nada, o sí: la cifra de personas desaparecidas no dejó de aumentar.
Al margen
No se debe perder de vista que la votación sobre México en la Asamblea General se dará justo cuando la ONU se encuentra a punto del colapso financiero causado porque tanto EU como China, Rusia, Venezuela, Brasil, Argentina e Irán no pagan sus cuotas anuales.