Una semana después de que comunidades de Puebla y del Estado de México se reunieran en San José Chiapa para articular una defensa contra basureros y proyectos de reciclaje industrial en sus territorios, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) anunció que presentará al gobierno estatal un Plan Maestro para enfrentar la crisis de los 73 basureros ilegales que existen en la entidad.
Uno de los ejemplos más claros de esta crisis ocurrió en el relleno sanitario intermunicipal de San Juan Ozelonacaxtla, en Huehuetla, Puebla, cuya clausura fue resultado de la presión de una comunidad indígena que decidió bloquear el acceso al sitio para exigir su clausura definitiva y un plan de remediación ambiental, tras más de 15 años de operación y con una vida útil vencida desde 2023.
En San José Chiapa, la comunidad ya enfrenta una crisis ambiental por el relleno sanitario que comenzó operaciones en febrero de 2021, cuando Biosinergias Ambientales S.A. de C.V. asumió la concesión por un plazo de 30 años.
También en este municipio habitantes rechazan la instalación del Polo de Desarrollo de Economía Circular Puebla (Podecobi), complejo de recicladoras impulsado por el gobierno federal que incluye una incineradora de Cemex y cinco plantas de transformación de residuos sólidos.
En este espacio se ha dado seguimiento a la compleja problemática de los residuos en Puebla. Hasta ahora, ninguna propuesta había planteado una estrategia integral como la que promete la CMIC y que es descrita por los mismos empresarios como moderna y financieramente sostenible.
Es deseable que, además de presentarla al gobierno del estado, la CMIC la haga pública. Una propuesta de esa magnitud merece discutirse con transparencia.
El problema de la basura es tan grave que, afirman los empresarios de la construcción, “casi nueve de cada diez toneladas de residuos en Puebla llegan a un sitio que no cumple la NOM-083 (…) y Puebla ya llegó al punto en el que el costo de no actuar es mayor que el costo de la solución”.
La propuesta luce ambiciosa: 910.5 millones de dólares de inversión privada, sin aportaciones de los gobiernos y con la promesa de entregar la infraestructura al patrimonio público al término de la concesión.
La discusión apenas comienza. En un estado donde varias comunidades cuestionan la instalación de nuevos proyectos de manejo de residuos por sus impactos ambientales y sociales, el desafío no será solo resolver el destino de la basura, sino hacerlo sin reproducir los conflictos que dieron origen a la actual crisis.
Al margen
La discusión, decíamos, apenas comienza y, aunque eso es saludable, habrá que mediar entre dos posiciones hasta ahora claras: las comunidades ya no quieren más infraestructura para residuos y la CMIC sostiene que la solución pasa por construir nueva infraestructura. Alguien tendrá que construir un puente entre la desconfianza de las comunidades y la urgencia de resolver una crisis que ya nadie discute.