La temporada de revelaciones de supuestos actos de corrupción entre políticos ha sido especialmente entretenida este año que está a meses de concluir. Han desfilado desde el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador hasta la ahora exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, pasando por Jorge Amílcar Olán Aparicio, presunto operador del grupo político que rodea a dos de los hijos de AMLO.
Aunque en algunos casos los videos y grabaciones han sido de lo más burdos, como en el caso de Taddei, a quien José Alfredo Hernández Casillas, su contratista consentido en el INE, grabó una y otra vez, hay algunos otros en los que se advierte el uso de una avanzada tecnología en la que difícilmente invierte un medio de comunicación.
Uno de esos casos es la forma en la que fue exhibido Jorge Amílcar Olán Aparicio a finales de septiembre de 2026, cuando fue ubicado en Lugano, Suiza. Otra, las reiteradas filtraciones de conversaciones que ha mantenido la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el caso de los agentes de la CIA.
Y, más recientemente, las fotografías en las que supuestamente se ve a Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, presumiblemente dialogando con integrantes del crimen organizado.
Absortos ante el desaseo con el que se está conduciendo la clase política, los mexicanos en general prestan poca atención a la forma en la que se obtiene ese tipo de información. El asunto es más serio de lo que parece: por el momento, y por la cercanía de las elecciones intermedias, los políticos en disputa se están dando hasta con la sartén, pero… ¿Qué pasa si esas mismas herramientas de espionaje se utilizan para vigilar a activistas, periodistas y a los ciudadanos en general?
La duda mata, porque se ha documentado en México el uso de Pegasus, un sofisticado software de espionaje y vigilancia, contra periodistas. En su momento, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que Pegasus no se utilizó para espiar durante su gobierno, sino como herramienta para “fortalecer sus capacidades de inteligencia y generar condiciones de seguridad y combatir el crimen organizado”.
La reflexión viene a cuento porque recientemente se hizo público que la Fiscalía de Puebla busca adquirir el sistema Cellebrite que, han dicho las autoridades, no es para espionaje, sino para extraer datos de celulares decomisados bajo orden judicial.
Al margen
Hay, pues, más de mil razones para sí prestar atención a las revelaciones que surgen sobre supuestos actos de corrupción de quienes ejercen el poder y el presupuesto, pero también para cuestionar: ¿qué garantiza que esas herramientas no serán usadas contra opositores al régimen actual?