Tras un larguísimo periodo de análisis para definir el sistema de verificación vehicular, que pasó por asesorías del Centro de Estudios del Nobel Mario Molina y del Instituto Mexicano del Petróleo, el gobierno estatal optó con casi tres años de retraso por el muy polémico modelo de los verificentros, que en el mejor de los casos ayudará a disminuir sólo el 7 por ciento las emisiones contaminantes de los dos millones de vehículos que envenenan nuestro respiro y que colocan la calidad del aire del Área Metropolitana de Guadalajara como una de las peores del continente.
En ese sentido, lo menos malo fue que la propuesta para empezar a dar cumplimiento a una de las principales promesas de campaña del Ejecutivo, pese a los seis meses que se atoró en el Congreso, finalmente se haya aprobado aún sin unanimidad, por la urgencia de hacer algo para evitar que uno de cada tres días el aire supere los niveles de polución respirables según normas de salud internacionales, como nos pasa hoy. El saldo: 550 muertos anuales, casi 4 veces más que los 163 que mueren por accidentes por alcohol y 11 más que los 56 por accidentes del transporte público el año pasado. Los costos por atender las enfermedades respiratorias ascienden a más de 6 mil millones de pesos al año.
Queda claro, pues, que era preciso tomar ya alguna decisión. Aunque no se puede dejar de consignar que volver a los verificentros pospuso la oportunidad de cambiar este modelo que ya fracasó una vez en nuestra ciudad en la década de los 90 por sus altos niveles de corrupción, y que en la Ciudad de México no resolvió el problema de la contaminación. No se aprovechó para probar otras opciones, como las que usan tecnologías remotas, al estilo de las fotoinfracciones, que miden las emisiones de los vehículos en movimiento y que eliminarían el paso por los verificentros que han degenerado en tantas corruptelas. Paradójicamente esta modalidad fue la que usó el IMP para hacer el estudio que les contrató el gobierno estatal.
Ante las críticas de que los verificentros son más una medida recaudatoria del gobierno que una auténtica política para mejorar la calidad del aire que hará que las familias con auto tengan más gastos, porque al costo de la afinación se sumará el pago de la verificación para obtener el holograma que aumentó de precio, así como las multas por no tenerlo, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) argumenta que todo lo cobrado por estos conceptos irán a un Fondo Verde que se canalizará al financiamiento y aplicación de las otras 10 medidas que componen el programa integral para mejorar la calidad del aire y hacer frente al cambio climático, que presentó el gobierno estatal la semana pasada y que hoy le presenta a detalle mi compañero Agustín del Castillo en esta edición.
Pero sin duda, todos estos cuestionamientos obligan casi un funcionamiento perfecto y a la primera de los verificentros, para no sumar un fracaso más. Nos va la vida en ello.
jaime.barrera@milenio.com
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