Este año, el lema de ONU Mujeres del Día Internacional de la Mujer es: “Para las mujeres y niñas en toda su diversidad: derechos, igualdad y empoderamiento”. Sin embargo, en los últimos meses, el debate a nivel global sobre las políticas de diversidad y acciones afirmativas ha dado un giro significativo con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
Desde su implementación en Estados Unidos en la década de 1960 y en México en la de 1990, estas políticas progresivas han sido fundamentales para aminorar las desigualdades históricas, promoviendo la inclusión de grupos tradicionalmente marginados en espacios de poder. A través de programas que fomentan la igualdad en el acceso a la educación, el empleo y la participación en la vida pública, estas medidas han permitido que más mujeres se postulen y sean elegidas para cargos públicos o puestos directivos en grandes empresas.
En muchos casos, se han implementado cuotas de género y otras estrategias para garantizar una representación política más igualitaria. En México, gracias a estas acciones, contamos con normas enfocadas en consolidar la paridad en todos los poderes y en todos los ámbitos de gobierno, lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el Poder Legislativo Federal. Además, es obligación de los partidos políticos promover y garantizar la paridad de género en todas las candidaturas.
La eliminación tajante de todas las medidas de “diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad” en Estados Unidos en enero pasado plantea interrogantes sobre su impacto en el empoderamiento de las mujeres y, en particular, sobre su acceso real a la representación política. Asimismo, representa un desafío para la comunidad internacional al eliminar el financiamiento para el empoderamiento de las mujeres como parte de su política exterior. Esta decisión reduce las oportunidades de acceso y participación de las mujeres en cargos de toma de decisiones, especialmente para aquellas de comunidades históricamente marginadas, como las indígenas, afrodescendientes, hispanas y de otros grupos en situación de vulnerabilidad.
En un contexto similar, en México, para la elección de personas juzgadoras no se contemplan acciones afirmativas para aquellos colectivos en situación de discriminación, como los grupos de la diversidad sexual y de género, personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad y migrantes. Esto genera el riesgo de perpetuar la subrepresentación de estas poblaciones en el Poder Judicial, afectando al delicado equilibrio entre las decisiones mayoritarias y el derecho a la igualdad, como expresé en mi disidencia respecto de esa decisión.
Las acciones afirmativas y las políticas de inclusión han sido la puerta de entrada para que las democracias sean realmente plurales y representativas. Se deben evitar las políticas públicas tanto en México como en Estados Unidos y en otros países que parezcan alejarse de este mandato. Por el contrario, para que todas las mujeres y niñas estén empoderadas y accedan efectivamente a sus derechos en un contexto de igualdad, es necesario generar los equilibrios que conviertan esta aspiración en una realidad.