La jueza Ruth Bader Ginsburg alguna vez dijo que el cambio, el cambio verdadero, es aquel que se produce un paso a la vez.
La idea detrás de esta frase es que transformar las cosas de su estado actual implica una labor que requiere mucho trabajo, en el que prive la razón y no los impulsos. Un esfuerzo que se rija por la templanza de la experiencia y por el acompañamiento de las voces de quienes se han dado a la tarea de reflexionar y meditar para fortalecer nuestra democracia, y no por el clamor de quienes vociferan por cambiar para obtener un beneficio para sus agendas momentáneas.
Este tiempo de introspección y cambio ha llegado al Tribunal Electoral y las circunstancias en que ello ocurre no son ajenas para nadie. Tanto la ciudadanía como quienes hemos asumido un cargo público sabemos que los tiempos actuales vienen acompañados de grandes retos para las instituciones encargadas de defender y hacer valer los principios democráticos que nos requiere nuestra Constitución y, por tanto, nuestra idea de Nación.
Esta exigencia no puede ser negada. Al contrario, requiere que las y los jueces constitucionales asumamos la responsabilidad que nos ha sido encomendada. Nuestro nombramiento no sólo reclama que decidamos en cada caso conforme a los principios de independencia, imparcialidad y respeto irrestricto a la Constitución. Este nombramiento también requiere que demos continuidad y certeza al ordenamiento jurídico, lo que demanda no sólo congruencia en nuestras decisiones, sino la construcción de una institución que trascienda a quienes ocupan las magistraturas que encabezan y dan forma al Tribunal Electoral.
Es en este espíritu que las magistradas y los magistrados de la Sala Superior reconocemos los retos que enfrenta la institución y asumimos la responsabilidad constitucional de nuestro nombramiento. Ante ello, creamos la Comisión de Fortalecimento del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de asegurar la vigencia y continuidad de una institución que cuente con legitimidad y fortaleza para defender los derechos de la ciudadanía y que haga valer los principios que soportan a nuestro régimen democrático.
Si bien las y los juzgadores somos evaluados por la calidad de nuestras decisiones, el poder llegar a una sentencia en cada caso no sólo es la consecuencia de nuestra interpretación de la ley y los hechos de la controversia, pues antes de alcanzar un fallo son necesarias muchas tareas inherentes a la labor de un tribunal.
Requerimos de poner atención a los procesos internos de este órgano jurisdiccional para garantizar que cada reclamo encuentre una institución abierta a la ciudadanía y capaz de procesar los conflictos con transparencia y respeto a los estándares que aseguren la protección más amplia y la congruencia con las exigencias que debe satisfacer un tribunal constitucional.
Hace veinticinco años, el Tribunal Electoral surgió como un órgano autónomo y especializado en la materia, con la función de impartir justicia de manera profesional, responsable e independiente. Su encomienda ha sido la de mantener la vigencia del régimen democrático de toda una nación y la máxima protección de los derechos de su ciudadanía, así como de los principios que organizan y estructuran a un gobierno democrático.
Ha sido a través de sus sentencias y criterios que este Tribunal se ha dirigido a fortalecer y ampliar la democracia sustantiva, la paridad de género, el respeto a los usos y costumbres de los pueblos originarios, la vigencia de la laicidad del Estado y el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Es por ello que, en el marco de la Conmemoración de los 25 años del Tribunal Electoral, es propicio reconocer que este órgano jurisdiccional requiere de un ejercicio plural de reflexión acerca de sus fortalezas y debilidades, con la finalidad de cambiar aquello que resta en su encomienda y de fortalecer lo que abona a la realización del mandato que nuestra norma constitucional le ha encomendado.
Esta estrategia de fortalecimiento institucional emana de una decisión colegiada y unánime de las y los integrantes de la Sala Superior, basada en la voluntad para asumir el compromiso que nos exige nuestra investidura.
Los trabajos que habremos de realizar se distinguirán por el profesionalismo y rigor técnico que la labor requiere, pero también por la apertura al diálogo y la participación de la ciudadanía y la experiencia que son necesarias para la construcción de una institución que cuente con legitimidad para desempeñar las labores que le son requeridas.
Ante todo, nuestra labor será la de asegurar la independencia y autonomía judicial, fortalecer la capacidades institucionales que den vigencia a estos principios y construir el andamiaje que permita la generación de consensos, así como la cercanía a la ciudadanía, a la academia y a la comunidad internacional como observadores permanentes de nuestras decisiones.
Replantear la eficiencia y eficacia desde la colegialidad de esta Comisión dará cauce a un espacio respetuoso de diálogo y consenso, en el que emprenderemos estrategias sostenibles que contribuyan al fortalecimiento, tanto al interior -con un proceso de revisión normativa y estructural-, como al exterior, en aras de estar a la altura de la democracia actual y corresponder dignamente a las necesidades de la sociedad.
Dentro de los objetivos que emprenderá la Comisión de Fortalecimiento, estará en todo momento el reiterar nuestra independencia judicial e institucional, fortalecer la objetividad judicial, así como regir nuestra conducta bajo los principios de cercanía y colaboración, tanto interinstitucional, como con la comunidad internacional, académica y con la ciudadanía en general, siempre con total autonomía, pero con una autentica apertura al diálogo.
Con estos principios y compromisos en mente es que los trabajos de la Comisión habrán de involucrar la participación de las Salas Regionales, de la academia, de magistraturas pasadas y, sobretodo, de la ciudadanía cuya protección constituye nuestra principal tarea.
Es por ello que el trabajo de esta Comisión se distinguirá por su transparencia, por lo que se habilitará un micrositio y un buzón electrónico que nos permita escuchar e involucrar a todas las personas que cuenten con alguna propuesta de mejora para nuestra institución.
Como cité al principio, los cambios verdaderos requieren de decisiones que se tomen un paso a la vez. Es por ello que la creación de esta Comisión de Fortalecimiento constituye el primer paso para asegurar la transformación del Tribunal Electoral, frente a los retos que enfrenta nuestro democracia, se haga con la fuerza de la razón y la participación que requiere un órgano jurisdiccional que cuente con legitimidad para hacer valer los más altos estándares en la defensa de los derechos político-electorales y los ideales de una sociedad democrática.
Los trabajos de esta Comisión permitirán perfeccionar el funcionamiento de las áreas del Tribunal Electoral, conforme a los estándares y objetivos que aseguren la vigencia de un régimen democrático en el que se garantice la participación de una ciudadanía plural, activa y activa en la construcción de una nación fuerte y respetuosa de los derechos de todas las personas que la integran.
Enhorabuena, hagamos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la institución de excelencia que la ciudadanía y la democracia de México, demandan.
Magistrada. Janine M. Otálora Malassis