Probablemente no haya debate público más complicado y lleno de argumentos complejos y espinosos que el que tiene que ver con el salario mínimo. Tan solo hay que recordar que en la década de los 80, la inflación, el impuesto que se cobra a la gente más desprotegida gracias al desorden económico y financiero en un país, se convirtió en el motor de una frenética carrera entre los precios y los salarios.
En épocas de inflación alta, salir a las tiendas a comprar significaba ver todos los días como el valor del poder adquisitivo se iba perdiendo. Desde 1976, los precios le ganaron la carrera a los salarios, y ahí comenzó el deterioro que fue detenido gracias al Pacto de Solidaridad en 1988, mismo que logró estabilizar las condiciones económicas que se mantendrían por muchos años.
Desde entonces, los precios y salarios se mantuvieron atados, y su relación se fue haciendo cada vez más compleja; de repente, todo lo fuimos midiendo con salarios mínimos: multas, créditos y tarifas. El salario mínimo, al ser usado como una unidad de medida para todo, modificarlo implicaba generar distorsiones en cascada para toda la economía. Esto resultó en que la recuperación de los salarios era técnica y económicamente imposible.
Sin embargo, gracias a la Reforma Laboral de 2012, el mercado de trabajo en México emprendió una nueva ruta de expansión, de paz laboral y de eliminación paulatina de distorsiones; ruta que recientemente logró homologar el salario mínimo en una sola zona y pudo desindexarlo de disposiciones legales. En suma, a partir de este avance logrado gracias al diálogo social, el salario solo hará referencia al precio de la mano de obra.
El entendimiento entre empresarios y la clase trabajadora, ha permitido establecer una oportunidad única para recuperar de manera real el salario, por una parte gracias a la históricamente baja inflación y fundamentalmente debido a las negociaciones colectivas que por primera vez en 40 años, inician una senda clara y con rumbo hacia la recuperación sostenida del poder adquisitivo.
Estos logros, alcanzados de manera armónica por los factores de la producción, deben ser motivo para proteger al mercado de trabajo de un nuevo intento de distorsión: el gobierno, por decreto, no puede aumentar en cualquier medida el salario mínimo. Ha quedado claro, por nuestra propia historia económica, que la recuperación de los salarios debe lograrse de manera gradual y ordenada, con la concurrencia de patrones y trabajadores.
Como autoridades laborales, no podemos perder de vista que los salarios suben por la escalera y la inflación por el elevador. Por ello, los argumentos que desde el gobierno claman que el sector privado debe pagar aumentos de la noche a la mañana son definitivamente un sinsentido. La única forma de aumentar los salarios sin mecanismos artificiales, es por la vía por la productividad, gracias al entendimiento siempre respetuoso entre los factores de la producción que está impulsando nuestra política laboral.
Según la visión de algunos, ahora el gobierno podría por decreto preguntarle a la economía ¿y tú cuanto quieres ganar?, cuando la realidad es otra. La política laboral federal, asumida de manera responsable por el gobernador Eruviel Ávila, es muy clara: generando condiciones de competitividad, seguridad para las inversiones y estabilidad económica, defendemos la generación de empleo formal y por ende la mejora responsable y real de los salarios.