Los juicios laborales eran una gran telenovela: los trabajadores que habían dejado "sus mejores años para que el patrón fuera más rico", contra los patrones que "le habían dado tanto a ese ingrato trabajador". Así, las juntas de conciliación y arbitraje fueron transformandose en un estudio de televisión, con testigos y papeles falsos, indagatorias interminables que realizar y coyotes que hacían su agosto con la industria del laudo. Durante años, esto convirtió a la justicia laboral en un factor de desconfianza, más que de equilibrio en el mercado de trabajo.
Sin embargo, después de la Reforma Laboral del presidente Peña Nieto, por fin sentaron las bases para encontrar nuevos equilibrios en el mercado de trabajo; en primer lugar, debíamos reconocer que necesitábamos tribunales laborales que funcionaran de nuevo para lo que fueron creados: dotar de certidumbre a un mercado, el único que de un lado y de otro trata con personas.
Por esta razón, las novelas entre patrones y trabajadores volvían eternos los juicios, que en ocasiones sepultaban el futuro de pequeñas y medianas empresas que no podían solucionar el problema que enfrentaban. Vamos, ni siquiera sabían que habían sido demandadas, hasta años después cuando el requerimiento de pago o el embargo la convertían en un final no anunciado.
La situación encontró un cambio cuando en 2014 el gobernador Eruviel Ávila decidió emprender el mayor cambio institucional en la historia de la entidad en esta materia con un objetivo muy claro: hacer que la justicia laboral cotidiana funcionara mejor. De esta manera, inyectó más de 40 millones de pesos para instalar 13 salas de juicios orales y se sustituyeron las viejas Olivettis y el papel calca por computadoras y tecnología de punta. Además, logró pasar por unanimidad en la legislatura local la ley de fraude procesal, que básicamente convirtió en delito el hecho de mentirle a la autoridad. Por primera vez, estábamos cortando de tajo la posibilidad de que el concurso de mentiras fuera la mejor salida para los conflictos laborales.
Estas medidas han logrado no solo que tengamos 43 meses sin huelga de jurisdicción local, sino que permiten que los juicios pasen de durar tres o cuatro años a solamente tres o seis meses, y que al mismo tiempo, hoy en el Estado de México la conciliación esté resolviendo 60 por ciento de los conflictos laborales.
Por eso cuando se anuncian nuevas inversiones, como lo hizo el gobernador esta semana por más de 8 mil millones de pesos, que generarán más de 13 mil empleos directos, no es por casualidad. Detrás de estas inversiones hay trabajo, mejora regulatoria, competitividad, capacitación y paz laboral.
Afortunadamente, en nuestras juntas de conciliación y arbitraje, pasamos de los gritos para que "pasara el desgraciado patrón o trabajador", a la construcción de acuerdos que han devuelto la certidumbre, estabilidad y eficiencia al mercado laboral más grande y talentoso del país.