Todo parece indicar que la iniciativa del Presidente en materia presupuestaria no era para adquirir facultades para hacer reasignaciones –que ya las tiene y aplicó para modificar el Presupuesto de Egresos de 2019 en un 14.2%–, sino para tomar los tres mil 300 millones de pesos del Fondo Metropolitano y quitarle a Jalisco los mil 258 millones que había ganado para las obras de Mi Macro Periférico en la ZMG y el puente Federación en Puerto Vallarta. Esa fue la respuesta a la propuesta del gobernador de revisar el pacto fiscal.
Más allá de eso, debemos distinguir entre una iniciativa de ley con jiribilla, de legislar para supuestamente cubrir vacíos jurídicos. Me explico:
Cualquier país con un aceptable Estado de derecho, debe tener en su Constitución los estados de excepción, sus condiciones; temporalidades; derechos que se restringen, y los que nunca podrán limitarse; así como autoridades competentes para emitir las declaratorias y autorizar sus prórrogas.
Y, para que las decisiones para enfrentar pandemias y sus consecuencias sean acordes al Derecho (que no es lo mismo que a la ley), en la Constitución deben existir figuras tales como: estado de alarma o emergencia;calamidad; conmoción o catástrofe sanitaria, pública, ecológica y económica.
México solo cuenta con la suspensión de garantías, figura que no aplica en estos casos,por ser para resolver problemas derivados de una invasión, conflicto o perturbación grave de la paz pública, no para atender epidemias, desastres naturales o hasta emergencias económicas, como equivocadamente se ha interpretado. En Latinoamérica, formamos parte del selecto grupo de nueve de sus 16 países democráticos que,sin fundamento Constitucional, han restringido libertades y derechos para enfrentar la pandemia.
El problema es que “tiramos el niño con todo y la tina del agua sucia”: por no procesar una iniciativa de ley con jiribilla,se cancela la posibilidad de incluir en la Constitución la figura de emergencia sanitaria y económica.
Nuestros legisladores han sido muy dados a meter a la Constitución lo que debería ir en leyes y reglamentos; y ahora, para suplir vacíos, meter en las leyes lo que debería ir en la Constitución.“Qué manera de legislar ¡Chinguen a su madre!”, dijera Muñoz Ledo.