El próximo martes habrá de tomar posesión la Presidencia República. La gran pregunta -después de 90 años- es si quien reciba la Banda Presidencial podrá ejercer todos los poderes Constitucionales y reales inherentes al cargo. Para intentar responderla revisemos, en principio, las cuatro dimensiones del análisis conocido como FODA, mencionando solo tres elementos de cada una.
Fortalezas: Ser la primer mujer en acceder al cargo, y hacerlo con la mayor legitimidad y correlación de fuerzas en los últimos 36 años; su facultad reglamentaria, y el poder de veto a lo que apruebe el Congreso; y, su inteligencia y carácter.
Oportunidades: prohibir la reelección continua de legisladores y munícipes para buscar hacerse del liderazgo de su partido en 2027; elevar la capacidad recaudatoria del gobierno federal; y, las ventajas comparativas de México para fomentar inversión y crear empleo.
Debilidades: haber pedido licencia a su partido, dejándole al hijo del Presidente saliente la toma de decisiones a su interior; grandes compromisos en programas sociales, con una baja recaudación fiscal; y, que su imagen y carrera política se la deba a su antecesor.
Amenazas: los poderes fácticos (narco, empresariado, Iglesia Católica, comentocracia), y el Poder Judicial de la Federación, en especial la SCJN; la revocación de mandato a la mitad de su período, por si quisiera apartarse del “legado”; y, que Trump sea electo como Presidente de Estados Unidos.
La relación entre la Presidenta entrante y el saliente, no puede ser igual a la que se dio entre Calles y Cárdenas. Hoy, no se trata de implantar un burdo “Maximato”, sino de una encubierta operación para la parlamentarización (de facto, no de jure) del presidencialismo mexicano, para que la Presidenta sea más Jefa de Estado, y menos Jefa de Gobierno, cediendo estas últimas funciones a quien o quienes ejerzan el liderazgo y control de su partido, actualmente hegemónico. El que en un sistema Presidencial el Presidente tenga el liderazgo de su partido y lo ejerza, no es malo. Malo es que no lo tenga o que no lo quiera ejercer. Solo en los sistemas parlamentarios el Jefe del Estado no debe tener partido.
Lo que está en juego, es definir si en el Estado mexicano predominará un liderazgo formal- institucional o uno de tipo carismático y tradicional; si el crimen organizado seguirá controlando espacios del territorio nacional, y si el Poder Judicial será el único que pueda tomar decisiones vinculantes, convirtiéndose en el Supremo Poder de la Federación.
La paradoja sería que una persona con tanta legitimidad y fuerza política no la pueda utilizar.