El día de antier la próxima Presidenta electa de México afirmó que ella no se reunirá con el gobernador saliente y entrante de Jalisco, hasta que se resuelvan los recursos jurídicos que sobre la elección de Gobernador se interpusieron. Esta declaración contiene un mensaje muy poderoso. Ojalá sea leído correctamente por sus destinatarios.
Si bien en México impugnar elecciones se ha convertido en deporte nacional, la de Jalisco se cuece aparte: es la única en la que se actualiza uno de los dos requisitos Constitucionales para que proceda su anulación: que “la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento”, y aquí, fue del 4.96%. El otro, es que se hayan cometido “violaciones graves, dolosas y determinantes”. Este último criterio es el que tendrán que definir las autoridades jurisdiccionales electorales para hacer efectiva la autenticidad del sufragio y la validez de los principios constitucionales.
Para valorar mejor la posibilidad de que la elección de Jalisco sea anulada, nada mejor que comparar algo de lo ocurrido aquí, con las pasadas elecciones de Venezuela: el organismo electoral jalisciense actuó igual o peor que el de aquél país: el supuesto hackeo que allá tuvo su sistema informático, es similar a lo ocurrido aquí con el PREP, que nunca pudo publicar resultados de más del 64% de las casillas electorales. En Venezuela no se dieron el lujo de: 1.- dar como válido un conteo rápido mocho (con datos de solo 347 casillas y no de las 500 que debía tener); 2.- trasladar de un sitio a otro, en bolsas de basura, los votos emitidos; o, 3.- enviar paquetes electorales vacíos, o con acta, pero sin votos, o con acta pero sin votos.
Además, Lemus hizo lo que ni siquiera Maduro se atrevió a hacer: proclamarse vencedor a los 15 minutos de cerradas las casillas electorales. Como allá, al igual que aquí, eso es delito, Maduro esperó los resultados. En cambo aquí Lemus, reiterada e impunemente cada día daba cifras diferentes de su victoria, no obstante que la Ley General de Delitos Electorales establece penas para el candidato que difunda “de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados”.
De anularse la elección, el candidato declarado como gobernador electo no tendría de qué preocuparse. En otras tres elecciones de gobernador que han sido anuladas, el ganador en la elección invalidada, ha resultado triunfador en la extraordinaria que posteriormente se realiza.