Si algo demuestra el caso de Luz Raquel es el desdén, incapacidad, indiferencia gubernamental y fracaso total de las políticas del Estado Mexicano para atender el cada vez más frecuente y creciente problema de las violencias hacia las mujeres: 3 mil 560 feminicidios en todo el país de diciembre de 2018 a la fecha. Jalisco (5to lugar nacional), 234 durante el mismo período.
Irresponsables las declaraciones al respecto, tanto del Presidente de la República como del gobernador del estado: “es producto del proceso de individualización que se impuso durante el período neoliberal” (¡Zas!); o bien, de la “descomposición social” (¡sopas!). O sea, sus gobiernos “no tienen vela en el entierro”, como se dice coloquialmente: los responsables son otros gobiernos. O la sociedad misma. No votamos para elegir sociólogos o antropólogos que nos den esos sesudos “diagnósticos”; sino gobernantes para resolver problemas (lo grave es que se piense que con esa “explicación” el problema ya está tratado y atendido).
Si se reconoce como un problema social, por qué no se ha convocado a investigadores; para que, con base a proyectos serios, investiguen causas, consecuencias y propongan soluciones. Más aún, ¿por qué el Conacyt no incluye entre sus convocatorias para los Programas Nacionales Estratégicos las violencias hacia mujeres y los feminicidios?
Conviene también preguntarnos ¿para qué sirven las Comisiones de Derechos Humanos (cuando a unos días de la barbarie contra Luz Raquel, sin el más mínimo pudor y recato se la repartieron como botín y violando la convocatoria que ellos mismos emitieron)? ¿Para qué sirven los “pulsos de vida”, si cuando se solicitan no se proporcionan? Y, por qué no intervino la Fiscalía; la Comisaría de la Policía de Zapopan, el área de Mediación Municipal del Ayuntamiento; o, el Centro de Justicia para las Mujeres, que ni siquiera titular tiene. En fin, todas las dependencias y sus responsables demostraron indolencia y falta de capacitación.
Y ¿de qué sirve que los diputados citen –para cuando regresen de vacaciones– a los titulares de tres dependencias involucradas, si es lógico que la mayoría gubernamental y sus aliados van a proteger y solapar a los funcionarios omisos?
¿Podemos esperar que pronto se lleve ante la justicia a los responsables por acción y omisión de este aberrante crimen? ¿Hasta cuándo?