El abominable crimen del presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero (y antes de dos de sus colaboradores), muestran el rostro descarnado de la impunidad, inseguridad y dominio del crimen organizado en zonas del territorio nacional.
De acuerdo a los resultados de la ENVIPE 2024, dados a conocer el mes pasado, durante 2023 se cometieron 31.3 millones de delitos; y de estos solo se denunciaron ante el Ministerio Público el 10.4%. De esos, solo en dos millones 213 mil 536 casos (68%) se abrió una carpeta de investigación, lo que significa que el 92.9% de los delitos no se investigó, lo que se conoce como “cifra negra”. Sin embargo, lo grave es que, del total de delitos denunciados, en el 75.5% no pasó nada, lo que significa que solo en 380 mil 072 casos se inició un proceso para castigar a los responsables. Esto significa que el índice de impunidad en nuestro país es del 99.98%. El paraíso para los delincuentes y el crimen organizado.
En este contexto, ayer se dio a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad. De sus cuatro ejes, uno de ellos tiene que ver la coordinación con las autoridades estatales para fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales. Ojalá esto se cumpla, porque el número de efectivos de las policías estatales pasó de 227 mil 892 registrados por el INEGI en 2022, a 168 mil 689 al 31 de enero en 2024 (y 125 mil 188 elementos municipales), reconocidos por el entonces Titular del Ejecutivo Federal el 26 de junio del presente año.
Puede asegurarse que ya nadie recuerda que el 18 de noviembre de 2022 se publicaron reformas a la Constitución de la República, en las que en su Artículo Segundo Transitorio se estableció la obligación del Ejecutivo Federal de destinar, a partir de 2023, un fondo permanente de apoyo al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales, que no podrá ser inferior en términos porcentuales al que reciba la Fuerza Armada Permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año. ¿Se cumplió con esto? Por lo que dicen los datos anteriores parece que no; y que más bien el objetivo parece ser que estas policías mueran por inanición.
En ese mismo Decreto se obliga a los Ejecutivos locales a establecer similar fondo de apoyo en una proporción de uno a uno respecto a dichos recursos federales. ¿Alguien me pudiera decir cuál Gobernador cumplió con eso? Mientras eso no se haga efectivo, la lucha contra el crimen organizado estará destinada al fracaso.