El sábado pasado, la senadora panista María de Jesús Díaz, dijo: “al guey que no vote en contra (de la reforma al Poder Judicial) lo linchen al pendejo. Es en serio: que lo agarren a chingadazos y le den con todo al guey”. Esta convocatoria al linchamiento físico –que viene a sumarse al mediático que ya se está haciendo, al llamarles “traidores” y “Judas”- me hizo recordar el uso de la guillotina durante la época del terror en la Revolución Francesa, para cortar al menos 16 mil cabezas de quienes consideraban sus enemigos. Increíble que 230 años después de esos acontecimientos, se convoque al linchamiento físico de quien no comparta una misma visión de la realidad. No se debe permitir que a los senadores que voten a favor o en contra se les agreda físicamente.
Detrás de estas retrógradas actitudes existe una lamentable confusión del tipo de representación y de mandato de los legisladores. Los senadores y diputados no son representantes jurídicos o sociales. Son representantes políticos. En tal virtud en ellos no procede un mandato imperativo, en el que reciban instrucciones directas de los electores, y si no las cumplen recibir una sanción. Nuestro Artículo 51 Constitucional establece que los diputados son representantes de la Nación (no dice que lo sean de un partido o segmento específico de ciudadanos). Por tanto su mandato y voto es y debe ser libre. Cuesta trabajo entenderlo, pero los líderes de los partidos no pueden darles órdenes. En muchas Constituciones del mundo está prohibido el mandato imperativo. En la mexicana, es necesario introducir su prohibición (como también la del discurso de odio).
En este contexto, el lunes pasado la SCJN y el CJF presentaron una propuesta de “Reforma Integral al Sistema de Justicia en México”. Misma que, además de inoportuna, incluye aspectos de seguridad pública y del sistema penitenciario que no son de la competencia del Poder Judicial, sino del Ejecutivo. Lo destacable del documento es que ellos mismos reconocen (pág. 115) que en 2022 el 49% de las 49, 630 personas servidoras públicas de dicho Poder tenían relaciones familiares entre ellos mismos. Para eso quieren la independencia y autonomía que tanto defienden.¿Por qué los adalides del Poder Judicial no organizan también marchas para que los dueños de los partidos y los comentócratas respeten la independencia delos legisladores, y dejen de amenazarlos con lincharlos?
Para evitar que se intercambie voto o apoyo legislativo por impunidad, lo más sencillo es que los partidos políticos eviten postular delincuentes como candidatos.