Antier se publicó en el DOF un Acuerdo del Ejecutivo Federal mediante el cual “se declara de interés público y seguridad nacional” la realización de proyectos y obras en diversos rubros, entre los que destacan —además de las que ya está construyendo—las telecomunicaciones, los ámbitos turístico, de salud y energético. Lo anterior, viene a sumarse a la creciente militarización de la seguridad y de la vida pública, que ha traído como consecuencia que a la fecha en ocho entidades (25%) esta función esté a cargo de militares.
El Acuerdo de referencia –y las múltiples funciones que se le han venido asignando a las Fuerzas Armadas— carece de fundamento constitucional y contraviene lo establecido en su Artículo 129: “en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. A su vez, violenta la fracción I del 89 Constitucional, al dejar de aplicar en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes, en especial la de Seguridad Nacional.
Recientemente, se pretendió, mediante reforma o adición a cinco leyes, convertir la defraudación fiscal en asunto “de seguridad nacional”, lo que fue declarado inconstitucional. Ahora, mediante este Acuerdo se pretende hacerlo con obras y proyectos en 14 áreas, ampliando el concepto seguridad nacional a fines no contemplados en la ley, arrogándose facultades para legislar por decreto que la Constitución no le ha dado.
Definir así las obras y proyectos en esas áreas, traería como consecuencia que pasen a la vigilancia y/o dirección de las Fuerzas Armadas, contribuyendo a una mayor militarización del país y a la opacidad en los contratos.
Es menester que la SCJN se pronuncie sobre la interpretación de la Fracción IV del Artículo 1 de la Ley del Ejército y la Fuerza Aérea, mediante la cual se ha convertido al Ejército en constructor de obras, y sobre la Acción de Inconstitucionalidad 1/96, que se invoca para meterlo en la seguridad pública.
¿Por qué dar tanto poder al Instituto Armado? Combatir la corrupción sustituyendo civiles por militares, nos puede conducir a un callejón sin salida. No vaya a ser que después se quiera también sustituir a los políticos por elementos castrenses. Al fin y al cabo que muchos de ellos también son corruptos.
Javier Hurtado