La relación Estado–medios de comunicación, históricamente, encierra una serie de complejidades, más si existen una serie de acciones o ataques a la libertad de expresión.
Lo anterior se trae a colación ante los calificativos que ha emitido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los medios de comunicación que critican y cuestionan su actuación. Los califica de propalar falsedades, constituir un partido de oposición y, peor aún, de ser enemigos del pueblo.
Ante tales acometidas, en Estados Unidos se organizaron más de 350 medios de comunicación para manifestarse conjunta y simultáneamente a favor de la libertad de expresión, y lo hicieron no a través de insultos o calificativos, sino de editoriales que detallan el fundamento constitucional del ejercicio de la libre expresión, exponiendo la narrativa de casos en los que la prensa ha sido factor de transparencia y propiciado la rendición de cuentas, así como del contraste frente a situaciones o contextos en los que los medios están sojuzgados frente al poder político.
Los medios de comunicación se constituyen desde el ámbito de los particulares, que invierten para informar, y por ende, gozan de las mayores libertades para cuestionar, opinar y criticar a los gobiernos.
Los periódicos, revistas, estaciones de radio y televisión no tienen policías, ejército, aparatos de seguridad o de espionaje, y su papel está muy lejano de ser un enemigo de la población, antes bien, ejercen una labor de servicio e información.
El presidente estadunidense, Donald Trump, y diversos políticos del continente americano deben entender que en una democracia los medios de comunicación son una institución social, de carácter legítimo, cuya función de informar y opinar constituye una herramienta de orientación y análisis para los ciudadanos, quienes también cuestionan la actuación de los medios; de ahí la preferencia por leer, escuchar o ver algún medio en particular.
En México, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado pleno respeto a las libertades establecidas en la Constitución, entre ellas, la de expresión.
Finalmente, lo que está ocurriendo en países como Estados Unidos, Nicaragua, Perú o Colombia son ejemplos de cómo el poder político busca denostar o censurar a los medios de comunicación.
La diferencia entre un político fugaz y un estadista está en que el primero defiende su posición personal o de partido, mientras que el estadista escucha, dialoga y disiente con argumentos.
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