En México, si realmente queremos avanzar en el proceso de transición democrática, tienen que ser superadas las inercias de quienes se oponen, cambiar prácticas electorales que no han gozado de aceptación, mejorar la calidad de los servidores públicos, eficientar las instituciones gubernamentales, pleno respeto a la división de poderes y a las libertades.
En suma: entender que se debe entrar a una nueva forma de política en la que legisladores, líderes partidistas y dirigentes gubernamentales tienen que comprender que ya no se puede seguir manteniendo a los partidos, como hoy en día.
En las actuales circunstancias del desarrollo político ya no debe verse como algo catastrófico el que un partido en el poder pudiera llegar a perderlo en elecciones libres y transparentes, pues la esencia de la democracia en el campo electoral se encuentra en la posibilidad de la competencia y la alternancia en las tareas de gobierno.
Por ello, como suele ocurrir en diversos temas de la vida política nacional, la propuesta del futuro partido gobernante (Morena) de renunciar a 50 por ciento de su financiamiento público en 2019, y la iniciativa de reforma constitucional en ese sentido presentada en la Comisión Permanente, ha pasado inadvertida. Nadie tomó la palabra.
Tal y como ocurriera derivado de los sismos de septiembre de 2017 —cuando los partidos salieron a proponer bajarse el financiamiento público para contribuir a la reconstrucción—, al final del día no pasó nada y las iniciativas quedaron en la “congeladora” legislativa; lo más que hicieron algunos partidos fue renunciar a parte de su financiamiento.
Entre que están acostumbrados a vivir del presupuesto y la desconfianza entre los propios políticos de eliminar la sobrerregulación y los candados para que no exista apoyo o participación de particulares, el sistema electoral mexicano se ha vuelto, en extremo, oneroso.
El próximo año, en una primera estimación, existirá una bolsa de 4 mil 680 millones de pesos; este monto será repartido entre siete partidos, ya que el PES y el Panal perderán el registro. El punto es hasta dónde están dispuestos los partidos y sus dirigentes en recortar su financiamiento; fue la opulencia de la clase política uno de los motivos por que la ciudadanía castigó a ciertos partidos; ahora, el ganador tendrá que cumplir lo que prometió y para eso requiere recursos; ahora sí, veremos partidos pobres o pobres partidos.
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