En mi pasada columna planteé que México enfrenta un problema estructural profundo: carece de una soberanía monetaria robusta que ha limitado históricamente su capacidad de respuesta frente a presiones externas. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca vuelve a poner este problema en primer plano.
Para que exista soberanía política real, esta debió construirse desde hace años sobre una base de soberanía monetaria. No se trata de una discusión técnica aislada, sino de una cuestión de poder y de margen de maniobra. Un gobierno que se concibe a sí mismo como financieramente limitado actúa con excesiva cautela frente a actores externos. Uno que entiende su capacidad monetaria y la despliega estratégicamente, actúa con mayor autonomía.
La semana pasada, se confirmó el monto de los impuestos que deberá pagar el grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego al Sistema de Administración Tributaria (SAT). El acuerdo alcanzado con facilidades de pago fue presentado por varios analistas como un triunfo para todas las partes involucradas.
Según esta lectura, el empresario pagará, pero gana porque obtuvo descuentos; el gobierno gana porque recibirá ingresos fiscales importantes; y la sociedad ganó porque se beneficiará de estos ingresos. Hubo incluso quienes celebraron como si el gobierno se hubiera sacado la lotería, elaborando gráficas que muestran todo lo que se puede pagar con el dinero recaudado del empresario: desde programas sociales hasta presupuestos para distintas secretarías de estado.
Estas conclusiones, aunque coherentes con el enfoque fiscal dominante, están desconectadas de la realidad monetaria de un país que emite su propio dinero. En México, el gobierno federal no debería depender de la recaudación de los más ricos para poder gastar en lo que el país necesita.
La capacidad de gasto del gobierno no está determinada por lo que recauda, sino por decisiones políticas, por el marco institucional y por la disponibilidad de recursos reales en la economía. Insistir en que primero se debe recaudar para luego gastar no es una restricción inevitable, sino una restricción autoimpuesta que ha marcado la política económica durante décadas.
Esto no significa que los impuestos sean irrelevantes. Cumplen otras funciones esenciales: reducen desigualdades; regulan comportamientos; ayudan a contener presiones inflacionarias; y sostienen el pacto social. Pero no deben entenderse como el mecanismo que “financia” al gobierno.
La confusión no es menor. Al presentar la recaudación como condición previa del gasto, se refuerza una narrativa de escasez fiscal permanente. El gobierno aparece entonces como un actor necesitado, obligado a regatear la devolución de dinero público como si se tratasen de dádivas o caridad. “Lo que sea su voluntad”, dice la expresión.
Cuando el gobierno actúa bajo esta lógica, ha renunciado ya a una parte de su soberanía monetaria. Esto reduce su capacidad de acción tanto en el frente interno como en el externo y se traduce en vulnerabilidad política. Por ejemplo, los constantes y urgentes llamados al sector privado a invertir reflejan el limitado margen de maniobra de la política económica para propulsar la economía y, por lo tanto, de una débil soberanía monetaria.
Estrategias como el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo, que busca alcanzar un crecimiento de 3% en 2026 son positivas, pero claramente insuficientes. Este gasto apenas alcanza a taponear lo huecos del rezago acumulado en sectores como salud, energía y educación. Si el gobierno quiere generar expectativas sólidas de crecimiento para la inversión privada, debe gastar mucho más y gastar mejor.
El ejercicio pleno de la soberanía monetaria es una condición necesaria para ampliar el margen de decisión nacional en un mundo cada vez más conflictivo e incierto. Sin ella, la soberanía política se reduce a un discurso, no a una capacidad real de gobierno.