Es el mundo raro del Presidente.
Nora López, bióloga ambientalista, fue hallada muerta en Palenque, Chiapas, apenas hace tres días. Es el enésimo crimen contra ambientalistas, quienes son más de 50 por ciento pertenecientes a pueblos indios. Justamente serán los más afectados por los megaproyectos del Presidente: el tren maya, el transístmico, la refinería Dos Bocas, las termoeléctricas, el aeropuerto de Santa Lucía y las que nos faltan mi niño, como dice Alex Lora.
Pero como el Presidente tiene otros datos, vamos requete bien.
Los asesinatos políticos son siempre expresión de una atmósfera política de intolerancia. Ni antes ni ahora ni nunca podrán justificarse, tampoco ignorarse y menos calificar a las víctimas como parte de conjuras de conservadores y provocadores. Tal como señaló el Presidente a Samir Flores días antes de ser ejecutado frente a la puerta de su casa, precisamente después de haber impugnado públicamente al Presidente en un mitin en Cuautla.
En México es una vieja costumbre de los poderosos pretender convertir a las víctimas en victimarios. Eso dijeron de los estudiantes asesinados en Tlatelolco. Procesaron a decenas de jóvenes y a varios adultos acusándolos de más de 10 delitos, entre ellos el de disolución social, que ahora tendrá su equivalente en la ley garrote de Tabasco. Todavía hay quienes aseguran que el Ejército fue víctima de una celada y que los disparos en Tlatelolco los hicieron provocadores desde los edificios hacia abajo.
Los patos le disparan a las escopetas.
Además de Nora López y Samir Flores, han sido asesinados otros ambientalistas en estos meses, ya en la gestión de Andrés Manuel López Obrador, y 18 más el año pasado, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Es una barbaridad. Como lo son los miles de casos de mujeres víctimas de violencia, muchas de ellas también asesinadas.
La mínima obligación del gobierno es poner fin a la impunidad.
La política de culpar a los emisarios del pasado, como lo hizo Luis Echeverría ante la matanza de San Cosme el 10 de junio de 1971, es ahora culpar a los movimientos de estar infiltrados por provocadores, como se les dijo a las mujeres manifestantes contra la violencia en días recientes.
El daño causado a los movimientos sociales por los Estados y gobiernos que desvirtuaron las revoluciones y defendieron a sus propagandistas fanatizados ha sido tan grave y profundo que le ha brindado un inesperado apoyo a propuestas derechistas casi fascistas en casi toda Europa, y recientemente en Brasil.
No puede haber ningún pretexto para callar ante los asesinatos de los activistas ambientalistas, los crímenes contra las mujeres y todos los casos de violencia creciente que vivimos diariamente.
Antes de que sea tarde es necesario castigar a los responsables de estos crímenes.
Desde ahora es necesario frenar la cacería de migrantes del triángulo norte de Centroamérica por medio de la Guardia Nacional.
La peor manera de llevar al fracaso una propuesta de combate a los grupos derechistas, a los grandes oligarcas y a toda su corte de aduladores es silenciar la denuncia contra una política de eliminación de los militantes y dirigentes de los movimientos sociales bajo el pretexto de no hacerle el juego al enemigo.
Es hora de poner fin a los crímenes contra opositores.
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