El gran poder del voto es que es el instrumento que consagra los dos máximos valores de la democracia: libertad e igualdad.
Libertad para elegir. El voto no tiene sentido si no se ejerce en libertad, como sucedió por décadas en México y, tristemente, sigue sucediendo en algunas regiones del país.
Igualdad para ser representados sin importar ninguna condición. En la urna, nuestro voto vale lo mismo que el del magnate Carlos Slim o el de nuestros ídolos del deporte. Vale igual un voto de una mujer de Tlaxcala que el de un joven de Quintana Roo. En un país con desigualdad extrema, la urna nos permite ser iguales y valer lo mismo.
De ahí, que la lucha que ha planteado Movimiento Ciudadano a las autoridades electorales escapa de la disputa que los partidos tradicionales han protagonizado por espacios, curules y escaños.
No solo nos distingue la congruencia de nunca haber utilizado instrumentos pseudo-legales para perfilar mayorías artificiales (como hizo el PRI hasta 2015) sino nuestro objetivo: defender la efectividad del voto libre de las y los mexicanos.
Por eso, nosotros hemos optado por recordarle a las autoridades electorales el texto constitucional y el de las leyes que de ahí derivan, que consagran conceptos como el de “proporcionalidad pura” y que fueron producto de la lucha democrática que por décadas se gestó en México.
En una democracia se puede entender que cada fuerza política busque la mayor representación posible y el más amplio número de cargos, sí. Pero hay una enorme distinción ética y de compromiso democrático entre quienes buscan que partidos que obtuvieron cinco por ciento de los votos tengan el doble de escaños que nuestro Movimiento, que recibió la confianza de seis millones y medio de mexicanos.
Hay quienes dicen que esos partidos “ganaron” distritos y por eso merecen más representación. Pero la Constitución lo impide y por eso el Artículo 54 establece como requisito para acceder a la representación proporcional postular candidaturas propias en al menos 200 distritos electorales.
La perversión consiste en que han torcido la Constitución a conveniencia. Cuando les conviene la literalidad, como en el caso de la sobrerrepresentación por partido, la aplican así. Y cuando la literalidad les estorba, simplemente la inaplican, como en el caso de la representación proporcional (el Art.54 ya citado) o la asignación de las senadurías de Primera Minoría (que deben de ser para el segundo partido político más votado).
Nosotros queremos que los votos cuenten y se respete la Constitución. No podemos permitir un retroceso a esa concentración de poder que desmontaron a fuerza de reformas grandes parlamentarios como Castillo Peraza y Muñoz Ledo e hicieron posibles estadistas como Jesús Reyes Heroles.
En mi caso, ese legado es también personal. Yo nací un 8 de julio de 1985 porque mi padre fue a cuidar los votos para sus compañeros el día 7. Lo hacía sabiendo que sus colegas no ganarían esa elección pero que sus causas e ideales merecían estar representados.
Este año me tocó encabezar una campaña electoral que pudo reunir más voluntades que la del partido hegemónico en México durante el siglo XX. Y que millones de personas votaran por mí a pesar de todas las adversidades, compitiendo contra candidaturas que hicieron campaña por meses y años de forma ilegal y despilfarrando recursos públicos.
Me tocó ver votando a estudiantes universitarios porque se sintieron representados, a mujeres que fueron a depositar su voto porque enunciamos la importancia de un Sistema Nacional de Cuidados, a padres de familia que se sintieron conmovidos porque pusimos a las niñas y a los niños en el centro de la discusión y a personas la comunidad sorda votando porque por primera vez fueron visibles en una campaña presidencial.
Me tocó ver residentes votando para combatir la precariedad con la que laboran en hospitales, a meseras votando por una jornada laboral digna y un mejor salario y a millones de personas votando por una nueva estrategia de seguridad que acabe con el prohibicionismo, el punitivismo y la militarización.
Muchos de ellos lo hicieron conscientes de que podríamos perder, en esta ocasión, la presidencia de la República. Pero con la convicción de que esa agenda merece un espacio de mayor relevancia en las instituciones. Y es mi obligación defender ese sufragio y la agenda por la que votaron.
Por eso le pido, respetuosamente, a las y a los consejeros del Instituto Nacional Electoral y a las y los magistrados del Tribunal Electoral: no destruyan la efectividad del sufragio que dio origen a las instituciones que hoy ustedes representan.
No gané la elección de junio pasado, pero 6 millones y medio de mexicanos votaron un México Nuevo: más justo, más igualitario y más próspero. Que su voto cuente es lo justo.