En octubre de 1973, las naciones árabes productoras de petróleo impusieron un embargo a la exportación contra los países que habían apoyado a Israel en la Guerra de Yom Kipur. Las consecuencias -filas para cargar gasolina, recesiones y una reorganización fundamental de la política de energía- todavía se sienten hoy en día. El mundo aprendió, con dolor, lo que significa depender de una sola fuente para un insumo crítico; aquel embargo fue imposible de ignorar. Sin embargo, la mayoría de los consejos de administración de las empresas al parecer no se percataron de un cambio de magnitud histórica similar en el poder económico mundial que está en marcha actualmente; un cambio que es, en todo caso, más deliberado, más amplio y más peligroso que la crisis petrolera de hace más de medio siglo.
Un arma forjada a lo largo de décadas
Desde su ingreso en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, China lleva a cabo, casi sin que el resto del mundo lo note, una de las estrategias económicas más trascendentales de la historia moderna. Cuando se incorporó a la OMC, aproximadamente el 33 por ciento de las exportaciones chinas consistía en bienes intermedios, es decir, los componentes, productos químicos y piezas que se utilizan para fabricar productos finales. Para 2025, esa cifra había ascendido al 46 por ciento. Esto no ocurrió por casualidad. El Partido Comunista de China (PCCh) tomó la decisión estratégica deliberada de, según sus propios términos, hacer que el mundo dependiera de China, al tiempo que hacía a China independiente del mundo. La supremacía en las cadenas de suministro se concibió desde el principio como un arma geopolítica.
Pero antes de recurrir a la coerción mediante las cadenas de suministro, China pasó décadas perfeccionando un instrumento más rudimentario: el control del acceso a su propio y vasto mercado. El patrón fue constante y, en retrospectiva, revelador. Cuando el Comité del Nobel otorgó el Premio de la Paz al disidente chino Liu Xiaobo en 2010, Beijing no hizo distinción alguna entre el gobierno de Noruega y su pueblo, su sociedad civil o su economía. Se suspendieron los intercambios diplomáticos de alto nivel y el comercio entre ambos países quedó prácticamente paralizado. Noruega, un país que no había hecho más que ser sede de un comité independiente que tomó una decisión autónoma, pagó un alto precio económico.
Cuando Corea del Sur aceptó desplegar en su territorio el sistema estadunidense de defensa antimisiles THAAD en 2016, China no castigó directamente al gobierno de Seúl. En su lugar, el objetivo fue Lotte, el conglomerado surcoreano que proporcionó los terrenos para el despliegue. Las autoridades chinas sometieron a las tiendas de Lotte en todo el país a una oleada de inspecciones, boicots y acoso normativo organizados por el gobierno, hasta que la empresa se vio prácticamente obligada a abandonar por completo el mercado chino. Una decisión militar soberana tomada por un gobierno se convirtió en una sentencia de muerte comercial para una compañía privada que no había intervenido en dicha decisión.
Cuando el presidente francés Nicolas Sarkozy se reunió con el Dalai Lama en 2008, Beijing desplegó simultáneamente tres medidas distintas: organizó boicots contra las tiendas Carrefour en toda China, paralizó las negociaciones para que Areva construyera reactores nucleares y desvió hacia otros destinos a los turistas chinos que planeaban visitar Francia. La reunión personal de un líder desencadenó una campaña coordinada que afectó simultáneamente a empresas privadas, compañías estatales y al sector turístico.
El mensaje en los tres casos fue idéntico: según los cálculos de Beijing, no existe distinción entre lo nacional y lo privado. Gobiernos, empresas y particulares son todos blancos legítimos de la coerción comercial. Y, lo que es más importante, los detonantes no son ni predecibles ni proporcionales. Una página web que enumera a Taiwán como país, una declaración de auditoría de la cadena de suministro que expresa preocupación por el algodón de Xinjiang o una reunión privada entre un jefe de Estado y un líder religioso: cualquiera de estos hechos podría provocar que Beijing ejerciera presión comercial sobre su empresa.
Del acceso al mercado al uso como arma de la cadena de suministro
Por décadas, empresas y países se desenvolvieron en este entorno con un conocimiento práctico y aproximado de las reglas. Mantenerse al margen de los asuntos de Taiwán, el Tíbet, Xinjiang y Tiananmén. No cuestionar las reivindicaciones territoriales de China. No avergonzar al Partido. Infringir estas normas conllevaba afrontar consecuencias, generalmente en forma de pérdida de acceso al mercado. Era un pacto incómodo, pero manejable.
La situación cambió en 2010. Luego de una disputa territorial por las islas Diaoyu/Senkaku, China hizo algo inédito: impuso una prohibición a la exportación de minerales de tierras raras, cortando el suministro a Japón. No se trataba de una coerción de acceso al mercado; China no amenazaba con cerrar sus puertas a los productos japoneses. En vez de eso, se trataba de utilizar la cadena de suministro como arma: China amenazaba con cortar el acceso a un recurso que Japón necesitaba para fabricar productos, no solamente para venderlos. La distinción es fundamental. La coerción sobre el acceso al mercado castiga por lo que se exporta a China; el uso de la cadena de suministro como arma castiga por lo que se necesita de China.
El mundo observó, tomó nota y siguió adelante, y llegó a la conclusión de que solamente era un problema de Japón. Fue una interpretación errónea y catastrófica, y Japón lo sabía. Luego de la prohibición de 2010, las empresas japonesas no esperaron a que su gobierno resolviera la situación. Comprendieron, acertadamente, que era un problema que cada compañía debía solucionar por sí misma. Los gobiernos pueden intentar aliviar las tensiones diplomáticas, pero cambian, y los que hoy son amistosos con China podrían volverse hostiles mañana. La industria japonesa actuó con determinación para diversificarse: invirtió en la empresa australiana Lynas Rare Earths, desarrolló tecnologías de reciclaje, financió investigaciones sobre sustitutos de las tierras raras y creó existencias. La dependencia japonesa de las tierras raras chinas se redujo de aproximadamente el 90 por ciento en el momento del embargo a menos del 60 por ciento en la actualidad.
La respuesta no se limitó a las fuentes de abastecimiento. Las compañías japonesas entendieron que reducir el consumo de los materiales afectados era tan importante como diversificar el suministro. Sumitomo Electric anunció recientemente una inversión de 100 millones de dólares para construir una nueva planta de producción de tungsteno, aumentando su capacidad en un 50 por ciento específicamente para reducir la dependencia de las importaciones chinas. Nissan, en colaboración con sus proveedores de componentes, desarrolló una tecnología que redujo en más de un 90 por ciento el contenido de tierras raras en el motor de su nuevo vehículo eléctrico Leaf, en comparación con la primera generación del modelo que se lanzó en 2010. Esto permitió a la compañía disminuir su dependencia del disprosio y el terbio, las tierras raras pesadas cuyas exportaciones China había restringido. La lección que las empresas japonesas aprendieron de lo ocurrido en 2010 fue sencilla: hay que asumir que uno será unblanco, prepararse tanto en el ámbito de la oferta como en el de la demanda, y no esperar a que el gobierno resuelva el problema.
El resto del mundo no aprendió la misma lección. Y por lo tanto, cuando la administración Trump decidió ampliar su “Lista de Entidades” -una lista negra del gobierno que prohíbe a las empresas estadunidenses y a sus socios extranjeros vender o transferir tecnología a empresas extranjeras designadas como una amenaza para la seguridad nacional- para incluir a las filiales de empresas previamente se encontraban en la lista negra, el mundo fue tomado por sorpresa. China respondió prohibiendo las exportaciones de tierras raras a todo el planeta, amenazando simultáneamente a las industrias automotriz, de defensa, aeroespacial y electrónica a nivel mundial. El arma que se utilizó contra Japón quince años atrás ahora se dirigía a todos.
Las consecuencias fueron inmediatas y tangibles, afectando simultáneamente a las industrias automotriz y electrónica de todo el mundo. Suzuki Motor detuvo la producción nacional de su modelo subcompacto Swift después de que las restricciones de Beijing sobre las tierras raras cortaran el suministro de materiales esenciales.Nissan tuvo que reducir la producción de su nuevo vehículo eléctrico Leaf incluso antes de su lanzamiento. Lucid Motors, Ford y una serie de fabricantes asiáticos -desde Bajaj Auto hasta Ather Energy- tuvieron que retrasar o recortar su producción.
Lo que sorprende no es solamente que esto sucediera, sino que China había anunciado claramente que seguiría esta estrategia y, aun así, el mundo no estaba preparado. Más sorprendente aún es lo que China posteriormente: en lugar de tomar como objetivo a un país, apuntó deliberadamente a empresas concretas. Después de que el primer ministro de Japón advirtiera que una acción militar china contra Taiwán podría amenazar la propia supervivencia de Japón, Beijing incluyó a veinte empresas japonesas en su lista de entidades. Fue una señal de advertencia que transmitió un mensaje importante a todos los ejecutivos del planeta: les guste o no, este conflicto les afecta.
La lección de Nexperia
El episodio de Nexperia, que se desarrolló en octubre pasado paralelamente a la prohibición de las tierras raras, debería ser lectura obligada en todos los consejos de administración. Nexperia es una empresa de semiconductores con sede en los Países Bajos, propiedad de la compañía china Wingtech Technology. Produce chips convencionales: esos semiconductores de bajo costo y poco llamativos que se utilizan en la dirección asistida, las ventanillas automáticas y cientos de funciones más de los automóviles. En otras palabras, se trata de uno de los muchos componentes omnipresentes que, discretamente, sostienen el entramado de la industria moderna de fabricación.
Cuando el gobierno neerlandés, que actuó por la preocupación ante transferencias ilegales de tecnología, y, según se informa, bajo presión de Washington, dado que Wingtech había sido incluida en la Lista de Entidades de EU tomó el control de Nexperia a finales de septiembre de 2025, Beijing reaccionó en cuestión de días. El Ministerio de Comercio de China impuso una prohibición a la exportación de chips fabricados en las plantas de Nexperia en China, desconectando así a la cadena de suministro automotriz mundial de un nodo crítico, aunque a menudo se pasa por alto.
Nexperia no es un actor dominante en el mercado mundial de semiconductores, pero eso no importó. Honda se vio obligada a recortar la producción en sus plantas de Norteamérica, Japón, China y México. La compañía redujo su pronóstico de ventas anuales en 110 mil unidades y asumió una pérdida de utilidades operativas muy cerca de los mil millones de dólares. Stellantis creó un equipo de manejo de crisis multidisciplinario dedicado exclusivamente a esta situación. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles advirtió que los fabricantes de todo el continente estaban a punto de detener sus líneas de producción. La lección para los gerentes de la cadena de suministro es aleccionadora: no hace falta depender de un proveedor monopolístico para que las operaciones queden paralizadas. Basta con una participación modesta en un segmento de mercado específico, concentrado en China y sin alternativas disponibles de inmediato, para provocar tal situación.
Existe una segunda lección derivada del caso Nexperia que tampoco ha recibido suficiente atención: trasladar la cadena de suministro fuera de China es necesario, pero no suficiente. Nexperia es una compañía neerlandesa; su sede central se encuentra en los Países Bajos. Aun así, Beijing impuso la prohibición de exportación porque parte de la fabricación se realizaba en China y la matriz era china. Si su cadena de suministro depende de una entidad de propiedad china, independientemente de dónde esté constituida o de qué bandera ondee en su sede central, sigues estando expuesto.
China lo hace oficial
Para los que aún albergaban dudas sobre las intenciones de Beijing, el gobierno chino recientemente disipó toda ambigüedad. El 31 de marzo de 2026, el primer ministro Li Qiang firmó la Orden No. 834 del Consejo de Estado, las “Disposiciones del Consejo de Estado sobre la seguridad de las cadenas industriales y de suministro”, la cual entró en vigor de inmediato, sin periodo de transición. Se trata de la primera regulación administrativa de China dedicada específicamente a la seguridad de la cadena de suministro, y debe entenderse fundamentalmente como una medida ofensiva.
La regulación, descrita por los medios estatales chinos como un instrumento para “prevenir riesgos de seguridad en las cadenas industriales y de suministro”, establece un mecanismo centralizado de coordinación entre más de quince organismos gubernamentales para monitorear las actividades de dichas cadenas. Otorga a las autoridades amplios poderes para investigar e imponer contramedidas contra gobiernos, organizaciones o particulares extranjeros que se considere que amenazan la seguridad de la cadena de suministro de China. Un aspecto crucial es que la regulación extiende explícitamente su escrutinio a la conducta comercial, incluidas las decisiones de empresas multinacionales de abandonar las cadenas de suministro chinas, de realizar las debidas diligencias en la cadena de suministro que las autoridades chinas consideren excesivas, o de cumplir con sanciones extranjeras de manera que se haya una disrupción en las relaciones con contrapartes chinas.
En términos sencillos, la regulación amenaza a las empresas que intentan desvincularse de China. Las contramedidas de las que dispone Beijing en virtud de esta ley incluyen prohibiciones de exportación, restricciones a la entrada y salida de ejecutivos e incautación de bienes en territorio chino. La ley es deliberadamente amplia y vaga: lo suficientemente amplia como para atrapar a casi cualquier empresa en sus redes si Beijing decide pasar a la acción.
Sopesemos lo que esto implica en la práctica. Brasil posee las segundas mayores reservas de tierras raras del mundo. El gobierno brasileño recientemente declaró que exigirá a sus socios extranjeros que procesen los minerales de tierras raras dentro del país como condición para acceder a ellos; se trata de una política industrial perfectamente razonable que tiene como objetivo captar una mayor parte del valor de los propios recursos del país. Bajo el mandato del actual presidente de Brasil, conocido amigo de Beijing, es poco probable que esto desencadene represalias chinas. Pero ¿qué va a ocurrir cuando el próximo presidente de Brasil adopte una postura más firme en defensa de los trabajadores y la industria brasileños? En virtud de la Orden No. 834 del Consejo de Estado, Beijing podría argumentar de manera verosímil que el requisito brasileño de procesamiento interno perjudica los intereses de las cadenas de suministro chinas y actuar en consecuencia. Cualquier empresa que desarrollara una cadena de suministro en torno al procesamiento de tierras raras brasileñas quedaría atrapada en el fuego cruzado.
No se trata de un caso límite hipotético. Es la característica central del diseño de la normativa. En otras palabras, la ambigüedad es el arma. Si las empresas y los países no pueden predecir qué va a desatar las contramedidas chinas, la respuesta racional es evitar cualquier acción que pudiera provocarlas, que es precisamente lo que busca Beijing. La ley está diseñada para hacer que el desacoplamiento parezca demasiado arriesgado como para intentarlo.
China ya demostró tres factores desencadenantes distintos para utilizar como arma las cadenas de suministro: las disputas comerciales, como los aranceles o los litigios comerciales; las preocupaciones de seguridad relacionadas con los bienes de doble uso; y las amenazas competitivas en sectores donde China teme perder la carrera de la innovación. El Decreto No. 834 del Consejo de Estado formaliza estos tres aspectos en un único marco jurídico. En conjunto, estos criterios van a terminar abarcando prácticamente a todos los sectores que dependen de China para sus insumos.
Las industrias del mañana están en juego
La urgencia del momento actual trasciende las cadenas de suministro de hoy. Abarca también a las industrias que definirán las próximas décadas de competencia económica y militar.
Consideremos la industria de los drones. Las sanciones impuestas por China al fabricante estadunidense de drones Skydio, después de que la compañía vendió equipos a la Agencia Nacional de Bomberos de Taiwán, cortaron el suministro de baterías de la empresa prácticamente de la noche a la mañana. Las baterías eran uno de los pocos componentes que Skydio aún no trasladaba fuera de China. Solamente hizo falta una llamada telefónica desde Beijing a un proveedor chino de baterías para que la compañía de drones más grande de Estados Unidos se viera obligada a racionar sus piezas. El mercado de los drones está dominado históricamente por empresas chinas, y el mensaje de Beijing fue explícito: pretendía eliminar al principal competidor estadunidense y profundizar la dependencia mundial de los proveedores chinos de drones.
La misma dinámica se aplica, a una escala mucho mayor, a los robots humanoides, la tecnología que, según muchos analistas, va a definir la plataforma industrial decisiva de las próximas décadas. Los analistas estiman que aproximadamente el 60 por ciento de la cadena de suministro de los robots humanoides se traslapa con la de los vehículos eléctricos. Los informes sugieren que el robot Optimus de Tesla actualmente obtiene la mayor parte de sus componentes de China. Más que un simple riesgo empresarial, la situación representa una vulnerabilidad estratégica de primer orden. China invierte de manera agresiva en robótica humanoide. Si llega a la conclusión de que está perdiendo esa carrera, ya demostró que no va a dudar en actuar.
Esto nos lleva a un punto que ha estado casi totalmente ausente del debate político en EU: la importancia estratégica de la cadena de suministro de vehículos eléctricos no radica principalmente en el clima ni en las preferencias de los consumidores, sino en la capacidad industrial. Las baterías, los sensores, los encendidos y los motores desarrollados para los vehículos eléctricos son los mismos componentes necesarios para los drones, los robots humanoides y la siguiente generación de sistemas autónomos. Al retroceder en la transición hacia el vehículo eléctrico por motivos políticos o ambientales, sin tener en cuenta esta transferencia tecnológica, Estados Unidos no solo está cediendo el mercado automotriz; está renunciando a la curva de aprendizaje industrial, a la escala de fabricación y al ecosistema de proveedores que determinarán quién va a liderar la próxima revolución industrial. China, que invierte simultáneamente en vehículos eléctricos, drones y robots humanoides, lo entiende perfectamente. Washington, hasta ahora, no.
La ironía es genuina. Los ingenieros de Nissan dedicaron quince años en el desarrollo de tecnología para reducir en un 90 por ciento el consumo de tierras raras en los motores de los vehículos eléctricos; se trata, precisamente, del tipo de innovación que disminuye la vulnerabilidad estratégica. Esa labor fue motivada por el embargo de 2010 y por el reconocimiento de que ese tipo de dependencia constituía una vulnerabilidad. Los grupos automotrices estadunidenses, después de retirarse en gran medida de la carrera de los vehículos eléctricos por motivos políticos, no están desarrollando esa base de conocimientos. Cuando la próxima generación de sistemas autónomos lo exija, se van a encontrar en desventaja y van a depender de China para obtener los insumos necesarios para ponerse al día.
La importancia estratégica de la situación quedó patente cuando surgieron informes de que altos funcionarios del Pentágono se acercaron a los directores ejecutivos de General Motors y Ford para plantear la reconversión de sus fábricas a la producción de armamento; se trataba de la primera petición de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial. Los funcionarios de defensa presentaron estas conversaciones como una cuestión de seguridad nacional, citando la disminución de las reservas de armas y una capacidad de producción sometida a gran presión por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente.
El paralelismo histórico con el paradigma del “Arsenal de la Democracia” de la Segunda Guerra Mundial, en el que el sector privado colaboró con el gobierno para fabricar las armas que ganaron aquel conflicto, resulta ciertamente evocador. Sin embargo, plantea una pregunta incómoda que nadie en Washington parece estar formulando: si GM y Ford reconvierten sus instalaciones para fabricar armas, ¿qué ocurrirá cuando Beijing decida retirarles el acceso a la cadena de suministro? Ambas empresas se abastecen de componentes, materiales y bienes intermedios procedentes de proveedores chinos. GM se comprometió a eliminar las piezas de origen chino de los vehículos destinados al mercado norteamericano para el año 2027, un compromiso que refleja un instinto estratégico totalmente correcto. Sin embargo, el proceso aún no concluye. Y, en el momento en que estas empresas comiencen a fabricar sistemas de armas, entrarán de lleno en la segunda y tercera de las tres categorías que activan las medidas chinas: los bienes de doble uso y las amenazas competitivas a los intereses industriales de China.
El Pentágono no puede pedir a los fabricantes estadunidenses que se conviertan en un “Arsenal de la Democracia” mientras sigan expuestos a los puntos críticos de la cadena de suministro china. Ambos objetivos entran en conflicto directo. Resolver dicho conflicto es la condición previa para todo lo demás.
Cómo construir la alternativa
Aliviar la exposición a las cadenas de suministro chinas no será un proceso barato, rápido ni sencillo. Las compañías que se propongan hacerlo deben emprender esta tarea con plena conciencia de lo que implica.
El primer instinto, trasladar toda la producción de vuelta a Estados Unidos, es comprensible, pero insuficiente. Para las industrias de alto valor y valor estratégico crítico, como los semiconductores avanzados y la biofarmacéutica, la producción en EU es el objetivo correcto a largo plazo, y hacia allí debería dirigirse la inversión. Sin embargo, la cadena de suministro es demasiado vasta, y los cuellos de botella críticos de China son tan numerosos y urgentes, que no pueden resolverse únicamente mediante la producción estadunidense.
Actualmente, Estados Unidos se enfrenta a un déficit proyectado de casi dos millones de trabajadores del sector de fabricación para el año 2033; una estimación realizada incluso antes de la actual campaña por deslocalizar la producción. La escasez no solamente es una cuestión de números: la falta de ingenieros de herramientas experimentados -expertos con profundos conocimientos sobre moldes de inyección, estampados, taladros, plantillas y calibres necesarios para la fabricación a gran escala- constituye, posiblemente, el mayor obstáculo para una deslocalización rápida al país. A esto se suma una red eléctrica cuya infraestructura de transmisión tiene, en más de un 70 por ciento, una antigüedad superior a los veinticinco años y nunca ha sido modernizada; una red que ya opera al límite de su capacidad debido a los centros de datos y las cargas de trabajo de inteligencia artificial, y a la que ahora se le exige absorber también un renacimiento de fabricación. A esto hay que añadir las contradicciones de una política comercial que impone aranceles al acero, el aluminio y la madera: las materias primas necesarias para construir las mismas fábricas que albergarían la producción relocalizada.
Tratar de volver a industrializar Estados Unidos y trasladar las cadenas de suministro fuera de China simultáneamente, utilizando las mismas herramientas políticas, conlleva el riesgo de no lograr ninguno de los dos objetivos. Se trata de metas relacionadas pero distintas. La seguridad de la cadena de suministro, es decir, sacar los insumos críticos del control chino lo antes posible, debe considerarse la máxima prioridad, ya que los cuellos de botella críticos que controla China amenazan el propio esfuerzo de reindustrialización. No es posible reconstruir la industria estadunidense sobre unos cimientos que Beijing puede retirar en cualquier momento.
El camino más rápido y viable pasa por las naciones aliadas, y muy especialmente por América Latina. La región está experimentando una reconfiguración política que abre una oportunidad poco habitual. Recientemente llegaron al poder gobiernos favorables a Estados Unidos en Argentina, Chile, Paraguay, Ecuador, República Dominicana, Colombia, Costa Rica, Perú y Honduras. Incluso países con gobiernos de izquierda, como México, dejaron claro que desean mantener relaciones de trabajo productivas con Washington. En todo el hemisferio, las condiciones políticas para crear un bloque de “safes-horing”, es decir, una red de países aliados cuyas cadenas de suministro puedan certificarse como libres de componentes chinos, rara vez han sido tan favorables.
América Latina también aporta activos tangibles. Chile y la región andina en su conjunto controlan gran parte de las reservas mundiales de litio y cobre. México ya cuenta con un sofisticado ecosistema de fabricación automotriz y productos electrónicos, consolidado a lo largo de tres décadas de integración bajo el TLCAN y el T-MEC. Colombia y Centroamérica ofrecen una fuerza laboral joven y en crecimiento, así como una infraestructura logística en constante mejora. El gobierno de EU debe enviar una señal clara -a través de marcos comerciales, garantías de inversión y compromiso diplomático- de que estos países forman parte de un bloque de “safe-shoring” con acceso seguro al mercado estadunidense. No hay tiempo que perder en este asunto. Cada día de retraso es un día que China aprovecha para apretar las tuercas regulatorias y comerciales que dificultan la desvinculación económica.
Sin embargo, las empresas que emprendan este proceso esperando una alternativa a China de implementación inmediata y sin complicaciones se van a sentir decepcionadas. Se debe tener en cuenta varias realidades desde el principio. En primer lugar, será costoso. La ventaja de precios de China es fruto de décadas de política industrial deliberada, economías de escala y subsidios; ningún proveedor alternativo podrá igualarla de inmediato, por lo que las empresas lo deben presupuestar en consecuencia. En segundo lugar, los proveedores alternativos necesitarán capacitación, tal como alguna vez las multinacionales capacitaron a las fábricas chinas para cumplir con sus especificaciones. En tercer lugar, existirá una curva de aprendizaje, acompañada de mayores tasas iniciales de rechazo y retos en el control de calidad. En cuarto lugar, se va a requerir financiamiento. Muchos proveedores alternativos necesitarán construir o ampliar su capacidad de producción antes de poder asumir pedidos con un volumen importante. En quinto lugar, y un aspecto crucial, las nuevas cadenas de suministro no pueden ser de propiedad china. El caso Nexperia lo dejó claro: la propiedad china, independientemente de la bandera que ondee en la sede central, implica una capacidad de influencia por parte de China.
Por último, ningún país o región por sí solo puede absorberlo todo. Será necesario establecer clasificaciones. México y Centroamérica son candidatos naturales para los componentes automotrices y el ensamble de productos electrónicos; Brasil, para las tierras raras y los insumos agrícolas; e India, para los productos farmacéuticos. La tarea consiste en identificar los cuellos de botella críticos y hallar la alternativa viable más rápida, país por país y componente por componente.
El reloj está corriendo
La tregua entre Xi y Trump que se alcanzó en Busan en octubre de 2025 logró que se ganara algo de tiempo. Ambas partes acordaron no implementar nuevas medidas comerciales que pudieran perjudicar a la otra. Es preciso aprovechar esta situación. Aunque la cumbre Xi-Trump celebrada en Beijing en mayo de 2026 logró mantener dicha tregua, no se debe suponer que esta va a ser permanente o duradera. La RPC está totalmente centrada en lograr la independencia de sus cadenas de suministro por una razón: para utilizarlas más eficazmente como arma. La Orden No. 834 del Consejo de Estado revela todo lo que hay que saber sobre las intenciones a largo plazo de Beijing.
La coerción comercial de China sigue un patrón constante desde hace décadas: sondear mediante presiones sobre el acceso al mercado, escalar hasta convertir la cadena de suministro en un arma, formalizar los instrumentos de presión y apretar las tuercas. Cada paso se ha anunciado previamente y cada advertencia ha sido ignorada hasta que estalla la crisis. Japón aprendió esta lección en 2010, y el resto del mundo la aprendió quince años más tarde.
Cada día que una empresa no comienza a transitar hacia una cadena de suministro libre de China es un día perdido y una victoria para Beijing. La tregua de Busan no durará para siempre. La siguiente prohibición de exportación llegará sin previo aviso. La incógnita que queda es si alguna de las empresas que están en la mira va a contar con una alternativa cuando eso ocurra.
*Exembajador de Mexico en China y miembro de la firma global DGA Group. Una versión de este artículo se publicó en American Affairs, el 20 de agosto de 2026.