Pensiones doradas

  • Nueva República
  • Jorge Torres Castillo

Laguna /

Es vergonzoso para México que 6,292 jubilados reciban cada mes un monto superior al salario de la presidenta, con cifras que rebasan los 300 mil e incluso alcanzan el millón de pesos. 

Este privilegio se extendió a exfuncionarios de altos mandos de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito y empresas de participación estatal mayoritaria.

Muchos de estos beneficios vitalicios fueron otorgados de manera discrecional, pasando por encima de las regulaciones laborales estándar, lo que se ha convertido en una pesada carga para las finanzas públicas.

Ante esto, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 127 constitucional, determinando que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos no podrán exceder las remuneraciones que perciba el titular del Ejecutivo.

Actualmente, las pensiones representan una carga enorme para el Estado, las entidades federativas, municipios y diversas universidades públicas. 

El gasto del gobierno federal en pensiones y jubilaciones (contributivas y no contributivas) representó el año pasado el 21.8% del gasto total. 

Las erogaciones sumaron más de dos billones de pesos, mientras que en 2018 fueron de poco más de 828 mil millones; es decir, en solo siete años el gasto se incrementó un 152%.

Como era de esperarse, las reformas han generado indignación y malestar entre los exfuncionarios afectados, quienes aparentemente intentarán interponer amparos o recursos judiciales para impugnar la medida, argumentando "derechos adquiridos" y el principio de no retroactividad.

Sin embargo, nadie en su sano juicio —salvo los propios beneficiarios de estos privilegios— puede estar de acuerdo con la existencia de "jubilados millonarios" cuya cuantiosa pensión fue producto de un acuerdo político y no de sus derechos laborales legítimos.

Consideramos positivo que se eliminen estas pensiones "doradas", corruptas y vergonzantes. 

No obstante, el sistema de pensiones actual requiere una reforma integral. 

Es urgente atacar el problema de fondo antes de que esta bomba de tiempo termine por estallar.

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