La deuda pública es un indicador clave de la salud fiscal de cualquier nación. En México, medida principalmente por el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) —el concepto más amplio que incluye obligaciones del gobierno federal, entidades paraestatales como Pemex y gobiernos locales—, ha mostrado estabilidad en 2025 pese a desafíos globales y presiones internas.
Según el informe oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) correspondiente al tercer trimestre de 2025 (cerrado en septiembre), el SHRFSP se ubicó en 49.9% del PIB. Esta cifra representa una reducción respecto al 51.3% registrado a finales de 2024, reflejando un nivel “bajo y estable” de acuerdo con las autoridades. La deuda neta del gobierno federal, por su parte, se mantiene mayoritariamente en pesos y a tasas fijas de largo plazo, lo que minimiza riesgos por fluctuaciones cambiarias o internacionales.
Datos más recientes, referidos a octubre de 2025, indican que la deuda pública alcanzó el 51.1% del PIB, aún por debajo de niveles proyectados previamente y con una tendencia a la baja en comparación con el cierre de años anteriores. El saldo total supera los 18 billones de pesos, pero el crecimiento ha sido controlado gracias a operaciones de refinanciamiento y un manejo prudente del endeudamiento.
Este desempeño se explica por varios factores positivos. Los ingresos presupuestarios han crecido de forma robusta: en los primeros diez meses de 2025, la recaudación tributaria superó lo programado en decenas de miles de millones de pesos, con incrementos reales en ISR (5.5%), IVA (5.2%) e impuestos a importaciones (21.4%). Además, el déficit presupuestario fue inferior al esperado, y los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se mantuvieron dentro de los techos aprobados por el Congreso. El costo financiero, aunque subió por condiciones globales restrictivas, quedó por debajo de lo previsto gracias a estrategias de recompra y emisión de instrumentos como Cetes, Bonos M y Udibonos.
En el contexto internacional, México conserva su grado de inversión según las principales agencias calificadoras (como KBRA y HR Ratings), y el FMI renovó la Línea de Crédito Flexible por 24 mil millones de dólares, reconociendo la solidez macroeconómica. Proyecciones para el cierre de 2025 estiman un SHRFSP alrededor del 52.3% del PIB, un nivel histórico pero sostenible dada la trayectoria de crecimiento económico y disciplina fiscal.
Para este 2025, la deuda refleja una mejora relativa respecto a 2024: menor ratio deuda/PIB, pese a presiones por apoyo a Pemex y gasto social. La trayectoria es estable y sostenible, con énfasis en disciplina fiscal para enfrentar desafíos futuros. En ese sentido, la deuda ha mostrado una tendencia a la baja como porcentaje del PIB, gracias a una gestión prudente, apreciación del peso y ajustes en la serie histórica del PIB por el INEGI. Al tercer trimestre (septiembre 2025): 49.9% del PIB (frente a 51.3% estimado a fin de 2024 en algunas referencias ajustadas).
Sin embargo, persisten riesgos: presiones por gasto social, apoyo a Pemex y posibles choques externos podrían elevar la deuda si no se mantiene la prudencia. La administración actual ha priorizado la estabilización, evitando expansiones excesivas.
Sin ser demasiado optimistas, la deuda pública mexicana en 2025 se mantiene controlada y sostenible, posicionando al país con finanzas sólidas en un entorno global volátil. La clave seguirá siendo el equilibrio entre inversión pública y responsabilidad fiscal.