En el panorama fiscal mexicano, las “factureras” representan uno de los esquemas de evasión más perjudiciales. También conocidas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), son entidades legalmente constituidas que emiten facturas por transacciones ficticias, inexistentes o simuladas. Su propósito es permitir a otras empresas (llamadas EDOS, Empresas que Deducen Operaciones Simuladas) deducir gastos falsos, reduciendo así su base impositiva y evadiendo impuestos. Un fenómeno que no solo distorsiona la economía, sino que genera pérdidas millonarias para el Estado.
El mecanismo bajo el que operan es sofisticado pero ilegal. Una facturera se registra ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una empresa legítima, pero en realidad carece de infraestructura, empleados o actividad real. Emite comprobantes fiscales digitales (CFDI) por servicios o bienes que nunca se prestan o entregan, cobrando una comisión (generalmente del 5% al 10%) por cada factura. Las EDOS usan estos documentos para inflar deducciones en sus declaraciones, disminuyendo el pago de ISR e IVA. A menudo, utilizan prestanombres, domicilios falsos o redes interconectadas para evadir detección. El lavado de dinero y desvío de recursos públicos también se facilitan mediante estas operaciones.
Según expertos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), en 2026 se estima que alrededor de 12,000 empresas emiten facturas falsas en México. Entre 2014 y 2019, el SAT identificó 8,204 factureras que generaron 8.8 millones de facturas por 1.6 billones de pesos. Actualmente, estas entidades mueven anualmente cerca de 3.1 billones de pesos en operaciones simuladas. Solo entre 2022 y 2025, se evadieron 54,698 millones de pesos mediante 59 denuncias. El impacto es devastador: la evasión fiscal por factureras alcanza hasta 1.4 billones de pesos anuales, equivalentes al 27% de los ingresos por impuestos estimados en la Ley de Ingresos de 2025. Esto representa un saqueo al erario público, privando al Estado de recursos para salud, educación e infraestructura. Se estima un daño anual de 250,000 millones de pesos, agravando el déficit fiscal y obligando a incrementos impositivos indirectos para compensar. En total, las pérdidas acumuladas superan los 70,000 millones de pesos en años recientes, incluyendo huachicol fiscal y contrabando.
Para combatir este flagelo, el SAT tiene implementado el Plan Maestro 2026, enfocado en fiscalización transparente y combate a factureras, con meta de recaudar 5.8 billones de pesos. Incluye auditorías a 16,200 contribuyentes de alto riesgo, como aquellos con pérdidas recurrentes o operaciones con nomineras. Las últimas reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) fortalecieron sus facultades: visitas domiciliarias inmediatas, suspensión de operaciones y denuncias penales contra emisores. Quienes reciban facturas falsas tendrán 30 días para corregir declaraciones, o enfrentarán bloqueo de facturación. Se negará el RFC a vinculados con factureras previas, y penas de 2 a 9 años de prisión por emisión falsa. Además, se está priorizando la fiscalización en aduanas y plataformas digitales para cerrar fugas.
En resumen, las factureras erosionan la confianza fiscal y el desarrollo nacional. Las acciones del SAT en 2026 buscan erradicarlas, promoviendo cumplimiento voluntario y equidad. Sin embargo, el éxito depende de colaboración entre gobierno, empresas y sociedad para una economía más transparente.