En la ciudad de León, Guanajuato, el auge de las motocicletas ha transformado el paisaje urbano. Con más de 165 mil unidades circulando en 2026, estos vehículos representan una solución económica para miles de habitantes ante un transporte público ineficiente y costoso. Sin embargo, este boom ha generado una crisis multifacética que pone en riesgo la seguridad, la salud pública y la convivencia ciudadana.
La estadística es alarmante: en 2025, León cerró con 36 motociclistas fallecidos, un incremento ligado al mayor número de motos en las calles. A nivel estatal, Guanajuato registró 104 muertes en accidentes de moto, convirtiéndolo en el año más letal para este sector. Los incidentes viales involucrando motocicletas se han duplicado en algunos otros municipios, como en San Miguel de Allende. En León representan el 50% de los choques con el Sistema Integrado de Transporte (SIT). Según datos oficiales, el 60% de estos accidentes son fatales, con más de mil 200 incidentes reportados en el año, dejando 51 fallecidos y cientos de lesionados. Las causas son evidentes y recurrentes: conductores sin casco, sobrecarga (hasta cinco personas por moto, incluyendo niños), exceso de velocidad y “filtrado” entre carriles, una práctica peligrosa que incluso involucra a oficiales de policía.
En redes sociales, usuarios denuncian la falta de cultura vial, con motos circulando sin luces, placas tapadas o modificadas para evadir multas.
El gobierno municipal aplica operativos, resultando en 38 mil multas en 2025 y detenciones, pero estos son paliativos reactivos que no abordan la raíz: la ausencia de educación vial obligatoria y campañas preventivas efectivas. Críticamente, la Secretaría de Seguridad parece priorizar la recaudación sobre la prevención, dejando a los ciudadanos expuestos a un caos vial que cobra vidas innecesariamente.
Ahora bien, no solo es un tema de tránsito; las motos irregulares son un factor clave en la violencia. En León, los homicidios cometidos desde motocicletas han crecido drásticamente: de 31 en 2018 a 66 en 2024, y 55 hasta agosto de 2025. Estos vehículos, fáciles de maniobrar y ocultar, facilitan asaltos, balaceras y fugas rápidas. Publicaciones en X destacan cómo motos sin placas contribuyen a delitos y accidentes, convirtiéndolas en herramientas de la inseguridad urbana.
La crítica aquí apunta directamente a las autoridades: pese a revisiones que detectan 189 infracciones y remiten 38 motos en un solo operativo, la proliferación de unidades irregulares revela una fiscalización deficiente. El Congreso de Guanajuato ha avalado medidas para regularlas, pero estas reformas son cosméticas ante la falta de un registro estricto y verificaciones anuales obligatorias. ¿Por qué no se implementa un sistema de rastreo GPS para motos, como en otras ciudades? La inacción fomenta un ambiente donde la delincuencia se motoriza, afectando la percepción de seguridad en una ciudad que presume ser industrialmente próspera.
El incremento en motos agrava el tráfico: causan la mitad de los accidentes con transporte público, generando congestión. Además, el ruido de escapes modificados viola normas ambientales, perturbando barrios enteros. Aunque el estado busca regularlo, la contaminación acústica y de emisiones (muchas motos no cumplen estándares) es ignorada, priorizando el crecimiento económico sobre la calidad de vida.
Económicamente, el fenómeno responde a la desigualdad: con tarifas de transporte público en $14 pesos y precios abusivos en el transporte privado, muchos optan por motos, llevando a quiebras de empresas del giro. Pero esto critica al modelo de movilidad: ¿dónde están las inversiones en ciclovías seguras o un SIT accesible? Las fallas en infraestructura, como ciclovías defectuosas, exponen a vulnerables.
La raíz está en la precariedad laboral y urbana. León, polo zapatero, atrae migrantes que dependen de motos baratas. Sin embargo, tanto el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo como el de Libia Dennise han fallado en integrar políticas integrales: no hay incentivos para cascos certificados (cuyas ventas aumentan por miedo, no por regulación), ni mejoras en vialidades. Comparado con estados como Nuevo León, Guanajuato se queda atrás en prevención.
En conclusión, la situación de las motocicletas en León es un síntoma de gobernanza deficiente: prioriza reacción sobre prevención, ignorando vidas perdidas y caos urbano. Urge una reforma: educación vial masiva, regulaciones estrictas, inversión en transporte alternativo y sanciones reales a irregulares. Sin acción inmediata, León acelerará hacia un colapso vial y social irreversible. Los ciudadanos merecen calles seguras, no un cementerio rodante.