El 7 de noviembre de 2025, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el Paquete Económico 2026, que incluye la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para ese ejercicio, así como reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Estas medidas, impulsadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), buscan elevar la recaudación a 10.19 billones de pesos, un incremento del 9.59% respecto a 2025, sin elevar tasas impositivas generales, pero reforzando la fiscalización y combatiendo la evasión.
El CFF experimenta modificaciones profundas para empoderar al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Una facultad clave es la negación de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a personas morales con irregularidades, como sociedades “fantasma” usadas para facturación falsa. Esto apunta a eliminar Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) y Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS).
Se amplían las revisiones de escritorio: el SAT podrá exigir documentación detallada sobre la sustancia económica de operaciones, incluyendo activos, personal y trazabilidad, para validar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).
Los plazos para cancelar CFDI se extienden hasta el mes de la declaración anual de ISR, ofreciendo certeza jurídica. Además, las plataformas digitales extranjeras deberán proporcionar acceso en tiempo real a datos fiscales; de lo contrario, enfrentarán bloqueo de servicios en México.
Otras novedades incluyen la extensión de retenciones de ISR e IVA a personas morales en plataformas fintech (como wallets y crowdfunding), con tasas del 1% al 2.1% para ISR y 8% para IVA en ciertos rendimientos.
Se facilita el pago de impuestos en revisiones aduaneras sin descapitalizar empresas, eliminando restricciones previas. Para recursos de procedencia ilícita, se ofrece exención si se repatriaron y reinvierten en México antes de 2027, con documentación verificable.
En materia penal, el SAT podrá presentar querellas contra emisores de CFDI falsos, especialmente en sectores energéticos como el tráfico de hidrocarburos.
Las notificaciones electrónicas ganan plazos de 20 días, alineándose con prácticas administrativas.
La Ley del IEPS introduce gravámenes a productos nocivos: 8% a videojuegos violentos, 1.8-3 pesos por litro a bebidas azucaradas y tasas a productos de nicotina. Estas medidas buscan desincentivar consumos perjudiciales y generar ingresos adicionales, canalizándolos a salud pública. Plataformas digitales asumirán obligaciones de retención en estos impuestos.
Para Pymes y grandes corporaciones, estos cambios implican mayor escrutinio digital, pero también facilidades como pagos en hasta 12 parcialidades para regularizaciones hasta diciembre 2026.
La suspensión de sellos digitales por irregularidades se endurece, recomendando revisiones preventivas con contadores.
Expertos de PwC y EY destacan que, aunque no hay alzas en ISR (30%) o IVA (16%), la evasión podría reducirse en 4.6%, elevando ingresos tributarios a 5.83 billones de pesos.
Estas reformas no son estructurales —omiten brechas de género o desigualdad—, pero modernizan el sistema con fiscalización electrónica.
Para 2026, se prevé un PIB fiscal del 22.5%. Contribuyentes deben capacitar equipos, auditar operaciones y usar herramientas del SAT para evitar multas de hasta 75% en cuotas.
En resumen, 2026 marca un giro hacia la integridad fiscal, beneficiando la economía si se implementa con equidad. Las empresas deberán ocuparse en reforzar sus controles internos.