El Sistema Integrado de Transporte (SIT) Optibus, conocido popularmente como La Oruga, fue inaugurado en León, Guanajuato, en 2003 como una solución innovadora para el caos vial de una ciudad en expansión industrial. Inspirado en modelos de Bus Rapid Transit (BRT), prometía eficiencia, cobertura amplia y modernidad con sus rutas troncales, alimentadoras y auxiliares. Sin embargo, tras más de dos décadas, el SIT se ha convertido en un símbolo de frustración colectiva. Usuarios, expertos y datos revelan un sistema plagado de ineficiencias, que no solo falla en cumplir sus objetivos, sino que agrava problemas sociales y económicos en una metrópoli de más de 1.7 millones de habitantes.
Uno de los principales puntos de crítica es la operación diaria. Los retrasos son crónicos: usuarios reportan esperas de hasta una hora en paradas, con horarios impredecibles que convierten un trayecto simple en una odisea. La falta de constancia en las rutas se debe, en parte, a la fuga de operadores. Empresas privadas compiten deslealmente ofreciendo mejores salarios, dejando al SIT con personal insuficiente y mal capacitado. Conductores, presionados por metas de eficiencia, manejan de forma imprudente, priorizando velocidad sobre seguridad. Esto no solo genera accidentes, sino que disuade a potenciales usuarios, contribuyendo a una caída del 30% en viajes desde 2023.
En 2024-2025, el sistema registró una disminución notable en movilidad, reflejando cambios en hábitos donde la gente opta por autos privados, motocicletas, artefactos peligrosos de micromovilidad y apps de viajes compartidos, agravando el tráfico y la contaminación. La calidad de las unidades es otro flanco débil. Muchas están en malas condiciones: sucias, abarrotadas y sin mantenimiento adecuado. A pesar de la integración de 45 nuevos autobuses en 2025, el grueso de la flota –más de 1,500 unidades– sigue obsoleta, con problemas mecánicos frecuentes que interrumpen el servicio.
La inseguridad es rampante: asaltos, acoso a mujeres y robos en paradas oscuras son quejas constantes. En una ciudad con altos índices de violencia, el SIT no ofrece medidas efectivas como cámaras funcionales o vigilancia, dejando vulnerables a sectores como estudiantes y trabajadores de turnos nocturnos.
Económicamente, el sistema es un lastre. Las tarifas han escalado de $3.50 en 2000 a $14 en la actualidad, con incrementos casi bianuales justificados por “aumentos en insumos”. Sin embargo, estos ajustes no se traducen en mejoras: el pasaje sube, pero el servicio empeora. La Comisión Mixta Tarifaria, dominada por concesionarios, ignora voces ciudadanas, excluyendo a usuarios de las decisiones. Ingresos diarios superan los 5 millones de pesos, pero ¿adónde van? Críticos señalan opacidad en concesiones, donde privados priorizan ganancias sobre inversión en infraestructura. Esto contrasta con promesas iniciales de un sistema accesible, convirtiéndolo en un lujo para muchos en una economía donde el salario mínimo apenas cubre necesidades básicas.
La falta de planeación urbana es evidente. Un ejemplo, el traslado al Hospital General Regional o a la Universidad de Guanajuato en San Carlos: rutas insuficientes dejan a pacientes y personal varados, y a alumnos y docentes ni se diga; sin conexiones directas eficientes. Es el resultado de montar un sistema de transporte público “novedoso” pero improvisado sobre una infraestructura vial diseñada para otros derroteros.
León crece, pero el SIT se rezaga, ignorando colonias periféricas y priorizando corredores industriales sobre necesidades residenciales. Evaluaciones académicas destacan fallos en la tríada gobierno-concesionarios-usuarios: el primero regula deficientemente, los segundos operan con estructuras obsoletas, y los terceros sufren sin voz. Encuestas recientes, como la aplicada a 2,000 usuarios en 2025, confirman una percepción negativa, con demandas de mayor fiscalización y transparencia.
En resumen, el SIT de León es un fracaso paradigmático de políticas públicas mal ejecutadas. Prometió integración, pero genera exclusión; eficiencia, pero entrega caos. Para revertirlo, urge una auditoría independiente, inclusión ciudadana en decisiones e inversión real en sostenibilidad. Sin cambios radicales, León seguirá atascado en un sistema que, irónicamente, integra solo problemas. La movilidad es un derecho, no un privilegio fallido. El SIT es un Sistema Integrado que Desintegra la Movilidad Urbana.