La democracia participativa en México ha transitado del voluntarismo a la frialdad de la norma constitucional. Si en octubre de 2018 la Consulta Nacional sobre el Aeropuerto de Texcoco fue un ejercicio de puro músculo político —organizado con un rigor metodológico cuestionable, pero con una eficacia simbólica demoledora—, el debate actual sobre la fracturación hidráulica exige un salto cualitativo definitivo: pasar del sentimiento popular en las plazas al blindaje jurídico y técnico del Instituto Nacional Electoral (INE).
El fracking no es sólo una técnica de extracción de gas y petróleo, es el clivaje donde colisionan dos soberanías en disputa: la energética, que promete una independencia nacionalista, y la hídrica, que advierte sobre la supervivencia básica. No es un asunto de aventar urnas al azar en las plazas para tomarle el pulso al humor social del momento, sino de activar el Artículo 35 constitucional para que la voluntad popular sea, por primera vez, un mandato vinculante sobre la integridad del territorio. En el noreste mexicano —Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila— la discusión ya no admite las ambigüedades del pasado. Bajo la superficie de este debate operan variables que redefinirían el tablero legal en la Suprema Corte: el derecho constitucional a la salud y la estabilidad social frente al riesgo sísmico.
Para analizar el impacto del fracking no hace falta teorizar en el vacío, basta realizar un análisis forense de lo ocurrido en el cono sur. El yacimiento de Vaca Muerta se erige hoy como el espejo donde México debe mirarse, también con el de Oklahoma. Ejemplos vivos de una victoria energética que deviene en una derrota social y ambiental de largo aliento. Aunque ha impulsado cifras récord de producción para el país austral, el costo colateral es un expediente de desastres verificables: una sismicidad inducida que supera los 600 sismos registrados en zonas previamente inertes, la contaminación de acuíferos por la gestión deficiente de residuos tóxicos y una fractura social irreversible con comunidades locales y productores frutícolas. ¿Está México dispuesto a replicar este modelo en la Cuenca de Burgos, arriesgando la paz social por un espasmo de gas?
Aquí es donde la narrativa del “mandar obedeciendo” debe encontrarse con el rigor de la ley. En 2018, la consulta sobre el NAIM movilizó apenas al 1.2 por ciento del padrón electoral, fue una decisión de Estado legitimada por un ejercicio social informal. Una consulta organizada hoy por el INE sobre el fracking elevaría la apuesta al máximo nivel de exigencia democrática. Para ser vinculante, el Artículo 35 exige la participación del 40 por ciento de la lista nominal —aproximadamente 40 millones de ciudadanos—. Este umbral no es un obstáculo, es un filtro de seriedad que obliga a un debate nacional de datos duros. El INE es el único órgano capaz de garantizar que la voz de los habitantes del noreste, quienes viven la crisis hídrica en sed propia, tenga el mismo peso que la visión desarrollista proyectada desde los escritorios de la capital.
El blindaje de esta consulta reside en el Artículo 4º Constitucional. Mientras los promotores del proyecto apelan a la renta petrolera, la ciudadanía tiene en el derecho a la salud y a un medio ambiente sano su escudo más robusto. El uso de cientos de químicos en el fluido de perforación representa una amenaza directa a los mantos freáticos. Someter el fracking a una consulta oficial obligaría a la Suprema Corte a ponderar si la explotación de lutitas es compatible con la obligación primaria del Estado de proteger la vida.
Llevar esta decisión a las urnas bajo la logística del árbitro electoral representaría la mayoría de edad de la democracia mexicana. Sería el paso del aeródromo de Texcoco a la institucionalidad de la Cuenca de Burgos y para que la ciudadanía decida si el futuro de México se escribe con hidrocarburos fracturados o con la preservación del agua, ¿democracia participativa o “dictadura” de comité científico cuasi porfirista?