Hay reformas electorales que se venden como si fueran detergente: quite usted los pluris y el Congreso quedará reluciente, más barato y —milagro— más virtuoso. El problema es que la democracia no se lava con cloro, se calibra con reglas. En ese punto, incluso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es más honesta que buena parte del coro político. En los foros, dijo, la gente pide dos cosas: menos dinero para partidos y elecciones, y menos diputados. Pero añadió lo que nadie quiere enfrentar: no está claro cómo resolver el problema de los plurinominales. Dicho en corto: el país quiere dieta, pero no sabe qué órganos está dispuesto a perder.
Ahí está el nudo real de la reforma. Austeridad sí; amputación democrática, no. Porque reducir curules y desaparecer listas sin una ingeniería que conserve la proporcionalidad equivale a fabricar mayorías de laboratorio. Se aplaude hoy y se padece mañana: gobiernos con poder inflado, congresos dóciles y minorías reales convertidas en ruido estadístico.
La propuesta de representación proporcional federativa parte de una idea incómoda para el eslogan: no se trata de eliminar la proporcionalidad, sino de quitarle su máscara burocrática. El problema no son los plurinominales como principio, es lo que producen hoy: legisladores sin territorio, designados por cúpulas, con una legitimidad que llega tarde y enredada en fórmulas opacas. En un país federal, eso es gasolina para la desconfianza. Por eso el rediseño puede ser profundo. En diputados se mantienen 500 escaños, pero desaparece la esquizofrenia de 300 distritos y 200 listas. Todos se eligen por representación proporcional en las 32 entidades, convertidas en circunscripciones. Cada diputado tendría estado, padrón y costo político. Se acaba el legislador flotante al que nadie puede reclamarle nada o casi nada.
La distribución se haría en dos capas. Cuatrocientos escaños se reparten entre los estados con un piso mínimo y un componente poblacional; cien quedan para corregir desajustes nacionales. Y aquí está la clave que conecta con la inquietud de Sheinbaum: la compensación no revive a los pluris por la puerta de atrás. Los escaños se asignan donde cada partido haya tenido su mejor desempeño relativo, al siguiente nombre de su lista local. Se corrige la injusticia sin inventar diputados sin nación. Dentro de cada estado rige el método D’Hondt con umbral del tres por ciento. Sí, favorece un poco a los grandes, pero en un sistema presidencial eso es una válvula de gobernabilidad, no un vicio. La alternativa es un Congreso pulverizado, donde cada reforma cuesta una concesión y, cada voto, una factura.
En el Senado el golpe es directo: fuera los 32 de lista nacional. De 128 se pasa a 96. Tres por entidad: dos por mayoría y uno por primera minoría. Ahorro real y federalismo en serio. El precio es una Cámara Alta menos diversa y ahí está el debate: si se quiere un Senado como cámara de los estados del país o como feria de siglas.
No hay que engañarse: esta reforma no es neutra. Morena, con su fortaleza territorial, gana previsibilidad; la oposición, con voto más disperso, pierde atajos. Los gobernadores recuperan peso; las dirigencias nacionales, otro poder. Y la Presidenta (y los presidentes futuros) tendrían que aprender a negociar de verdad en un Congreso más proporcional y menos domesticado. Eso no siempre gusta.
El dilema, entonces, no es si se recortan curules, sino si se recorta representación. La Presidenta lo dijo sin rodeos: la gente quiere menos gasto y menos políticos, pero no ha decidido todavía qué democracia está dispuesta a pagar. Esta arquitectura ofrece una salida seria: adelgazar sin mutilar, ahorrar sin falsear el voto. Todo lo demás es literatura. Y la democracia, cuando se gobierna a fuerza de aplauso, siempre termina pagando intereses. ¿O no?