La periferia de la Zona Metropolitana de Monterrey ha dejado de ser un simple cinturón de crecimiento para convertirse en un laboratorio de distopía administrativa y política. El municipio de García, que en el papel y por su ubicación geográfica debería ser el motor del nearshoring y la expansión industrial del norte del país, hoy se desdibuja bajo una gestión que confunde la gobernanza con el espectáculo mediático y la autoridad con la arbitrariedad punitiva.
Bajo la administración de Manuel Guerra Cavazos, García ha transitado de la esperanza de una alternancia que se prometía fresca a un estado de excepción institucional donde la extorsión parece ser la política pública más eficiente y el autoritarismo la única respuesta ante la disidencia y la crítica. El análisis de la situación actual en este municipio no puede limitarse a la frialdad de las cifras, aunque éstas sean alarmantes. Requiere una disección de cómo se erosiona la confianza ciudadana cuando el aparato municipal se utiliza como un instrumento de consolidación de poder personalista.
Mientras otros municipios de la metrópoli, como San Pedro Garza García, se consolidan en el imaginario nacional como referentes de seguridad y profesionalización policial, García se hunde en una fragmentación institucional que sugiere que la prosperidad de Nuevo León no es, bajo ningún concepto, uniforme. Existen agujeros negros de gobernabilidad donde las prácticas de extorsión y el desprecio por la ley han sustituido a la gestión profesional del servicio público.
Lo que sucede diariamente en las vialidades de García no es vigilancia vial, es un asedio. Las denuncias formales de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos y la Caintra no son quejas aisladas de un sector inconforme, sino el diagnóstico de un sistema de recaudación ilegal sistémica. El transporte de carga, columna vertebral de nuestra economía y nexo vital con la frontera norte, se ha convertido en el botín de guerra de una administración ávida de recursos de procedencia opaca.
Es un contrasentido trágico: mientras el discurso oficial de la Cuarta Transformación a nivel nacional predica la honestidad y el combate a la corrupción, en García el uniforme de tránsito se ha convertido en una licencia para el peaje arbitrario. Las cuotas, que según reportes de los propios afectados oscilan entre los 20 mil y 30 mil pesos para evitar el corralón, son una bofetada a la competitividad del estado. Esta anarquía no sólo asfixia al transportista, lanza un mensaje peligroso a los inversionistas internacionales: en García, la ley no es una norma de convivencia, sino un tabulador de voluntades discrecionales.
La estética de las redes sociales parece ser el único manual de procedimientos que sigue Guerra Sablazos. El proyecto Playita de García es el ejemplo perfecto de la frivolidad convertida en riesgo civil. Intentar construir espacios de esparcimiento desviando cauces federales sin las autorizaciones de la Comisión Nacional del Agua no es un acto de rebeldía “pro-pueblo”, es un desacato legal que pone en riesgo la vida y el patrimonio de los ciudadanos ante cualquier contingencia hidrológica.
Hoy, el edil habita una orfandad política que intenta compensar con un autoritarismo rampante de la mano del senador Waldo Fernández. La criminalización de la ayuda social —como el caso de las detenciones de ciudadanos por repartir agua en colonias desabastecidas— es una ironía dolorosa. Quien cimentó su popularidad repartiendo agua antes de llegar al poder, hoy pretende monopolizar la caridad para fines electorales, utilizando a la Policía municipal como una guardia pretoriana encargada de eliminar la competencia filantrópica. Y, en cuestiones de género, en García, la disidencia se paga con amenazas y el cuestionamiento administrativo con la persecución política. Así el alcalde Guerra Sablazos.