Esto no lo leerá Uber ni Airbnb

Ciudad de México /

Las aplicaciones móviles sin duda han revolucionado el mundo, la manera en que nos relacionamos, simplifican la forma en que nos comunicamos, compramos, nos transportamos o vacacionamos.

Esta gran innovación de las aplicaciones móviles ha traído muchos beneficios, pero también han acarreado nuevos retos, que pueden ir creciendo hasta convertirse en problemas de gran dimensión. En este caso me voy a referir a dos tipos de aplicaciones: las de transportación y las de alojamiento

En el caso de las aplicaciones móviles de transportación de pasajeros, como Uber o DiDi, han hecho más práctico, eficiente y seguro el traslado, pero los dos grandes retos pendientes son reforzamiento de la seguridad y responsabilidad laboral.

En el caso de la seguridad, al existir un registro del conductor y del pasajero en la aplicación, brinda mayor seguridad para ambos respecto a los taxis tradicionales. No obstante, existe el reto de intensificar la seguridad en las aplicaciones de transporte, pues se han registrado más casos de acoso y violencia principalmente hacia las mujeres. Una de las áreas de mejora es un mayor escrutinio en los antecedentes de los conductores, pues es relativamente fácil evadir los controles de seguridad por parte de malos elementos y una responsabilidad ante los usuarios en caso de “socios” que cometan ilícitos.

El segundo reto es en materia laboral. En esta problemática se incluyen las aplicaciones de transportación de alimentos y bienes de consumo, en la que carecen de responsabilidad laboral sobre los “socios” que trabajan en su aplicación. Es de esperarse que las corporaciones por rentabilidad y competitividad no generen una relación laboral, pero los trabajadores dedicados a dichas actividades quedan desamparados al no existir un marco legal en materia laboral que considere su situación.

Tampoco existen esfuerzos de las aplicaciones para generar mayor certeza a sus “socios” a través de soluciones híbridas en las que puedan fomentar la creación de fondos mixtos, fideicomisos para casos de accidentes laborales, cesantía en edad avanzada o esquemas de fondos para el retiro.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunció que presentará una reforma laboral dirigida a las plataformas digitales. Ojalá que la reforma respete la flexibilidad y dinamismo de los trabajadores que pertenecen a este sector y que por otro lado entienda el nuevo paradigma de negocio que son las plataformas. En pocas palabras, que sume esfuerzos a través de un modelo de regulación innovador que incentive la flexibilidad de los horarios del trabajador y que reconozca su situación laboral sin afectar la competitividad de estas aplicaciones.

En el caso de las aplicaciones de alojamiento, como Airbnb, genera retos en materia de gentrificación y en la forma de financiamiento. En principio surgió como búsqueda de aprovechamiento de una habitación desocupada en un departamento o casa para su renta de manera temporal, y así maximizar el uso de propiedades. El enorme éxito adquirido por la plataforma la convirtió en el máximo oferente de alojamiento en el mundo, aprovechando la nueva economía colaborativa.

Sin embargo, la economía colaborativa es ya parcialmente ficticia, pues migró de ofertar una habitación vacante en una casa o departamento para obtener un ingreso extra, a departamentos, casas e inclusive edificios construidos exclusivamente para fines turísticos de renta en Airbnb, generando alteraciones en los precios de inmuebles en ciudades turísticas, gentrificación, problemas de planeación en términos del uso de suelo y conflictos entre residentes en las colonias.

Ciudades como San Francisco o Barcelona han realizado políticas públicas para aprovechar los beneficios de la aplicación reduciendo las afectaciones antes mencionadas, estrategias que en México podrían realizarse como un registro de espacios para renta temporal vía aplicaciones, así como una lista de alcaldías o polígonos permitidos para la renta temporal, principalmente en la capital del país y en ciudades turísticas.

Es fácil eludir responsabilidades de parte de las plataformas digitales cuando se esgrime el argumento de que únicamente son una aplicación que pone en contacto a la oferta con la demanda, cuando en realidad su vinculación con el oferente es estrecha, pues fijan la estandarización de la calidad del servicio y realizan convenios en tarifas y cobros.

En México estamos a tiempo de resolver los problemas que generan estas aplicaciones, poner reglas claras que den certeza jurídica a todos los jugadores e impulsar el desarrollo económico y generación de empleos producto de la innovación y revolución tecnológica.

José Luis Alonso

*Maestro en políticas públicas

  • José Luis Alonso Fernández
  • Maestro en Políticas Públicas
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