Cuando se abordan temas polémicos es posible que también la conclusión sobre lo abordado resulte polémica. En esta columna se han dedicado varias colaboraciones (28 de mayo, 04 y 11 de junio de 2023) para aportar puntos de vista al entendimiento de la labor de nuestro poder judicial federal –empezando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación- y una dedicada al poder judicial estatal (10 de diciembre de 2023) y su sumisión al ejecutivo local.
En ambos casos (federal y estatal) la perspectiva está orientada por el sesgo que cualquier autor pueda tener, tomando como marco referencial su formación y su experiencia profesional. En el mío, la experiencia con los tribunales federales (incluyendo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa) ha sido de buenos resultados con la justicia impartida. No así con los tribunales locales, donde la falta de preparación, la improvisación y la codicia campean por sus fueros.
Un gran amigo mío, compañero de grupo en la Facultad, siempre me dice que los asuntos litigiosos locales siempre los resuelve en la justicia federal a través del
amparo. Y por eso su perspectiva es de paciencia, ya que, a partir de un planteamiento justo y legal, siempre confía en que le den la razón en el poder
judicial federal.
Si bien critico algunas de las decisiones jurisprudenciales de la Corte y algunos Colegiados de Circuito, y que a lo largo de decenios han venido dando muestra de
que también se ladean, y como ejemplos, señalo: convalidar el anatocismo, que es el cobro de intereses sobre intereses; los efectos extrafiscales de los impuestos; las facultades tributarias coordinadas federación-estados beneficiando a la primera; la disminución de prestaciones en los contratos colectivos de trabajo; el impedir que mediante el amparo se impugnen nombramientos hechos por el Congreso estatal; vueltas y más vueltas sin entrar al fondo de inconstitucionalidades manifiestas como la miscelánea fiscal y las presunciones fiscales y administrativas siempre en perjuicio de los particulares; y muchas otras más. Sin embargo, cuando un asunto individual es ventilado en las instancias federales siempre quedara la justicia y la razón jurídica como resultado; si se sabe probar y argumentar.
Frente a ello, se convierte en seguridad jurídica el profesionalismo de la mayoría de integrantes del poder judicial federal. Y sí se perfila una reforma que pretende sacudir con fuerza las bases de la impartición de justicia en nuestro país, a partir de la elección democrática por voto popular de jueces, magistrados y ministros; entonces, evidentemente, el sentir de algunas personas será de desconfianza y azoro. Independiente de los intereses que ciertos políticos, partidos, juzgadores, despachos, litigantes, comentaristas y empresarios, con toda seguridad tienen y buscan proteger.
Por otro lado, cualquier poder público está sujeto al escrutinio de los ciudadanos, incluyendo el Judicial. No puede haber poderes permanentes y fijos, todo está sujeto a cambios, modificaciones y reformas que exigen “los tiempos” –como hablamos la semana pasada- incluyendo al Ejecutivo. La bondad -o carencia de ésta-, de cualquier propuesta o iniciativa de reforma legal o constitucional, debe ser aquilatada por el Congreso o el Constituyente a través de un análisis y discusión profundamente debatida. Esperemos que así sea.
Y que los resultados hablen sobre si el objetivo se logró, o el yerro fue la característica predominante. En el inter la preocupación es que, como pocos, el Derecho y la Justicia sean motivo de experimentos que al contrario de los controlados (física, química, medicina, biología, etc.) los grandes experimentos sociales den como consecuencia fallas garrafales con consecuencias iguales, para las mayorías que se intentan proteger.
Y entonces regresaremos a nuestras clases de Derecho Romano que mediante frases en latín pretendían darnos principios inmutables en las relaciones jurídicas entre los humanos. Y una de ellas dice “errarum humanun est” (errar es de humanos) y calificaremos cualquier reforma legal por sus resultados. Pero creo que aquí nos quedan a deber muchos reformadores del pasado –que solo atendieron a sus intereses- y erraron con mucho tino. Por ello lo más emblemático de todo esto es que no sabremos si la reforma será perjudicial, o no, hasta que se ponga en práctica y tenga efectiva vigencia. Y como errar es consubstancial a los humanos, a lo mejor saldrá bastante caro el experimento, o a lo mejor su resultado es un rotundo éxito. Depende del color del cristal con que se mire.