El desarrollo de los últimos acontecimientos con respecto a los cambios normativos en materia electoral parecen ser un caldo de cultivo apropiado para una batalla electoral de pronóstico reservado de cara al 2024.
Como sabemos, el Presidente envió al Congreso su paquete de reformas constitucionales relacionadas con el INE, ese era lo que se conoce como el Plan A y, dado que estas no fueron aprobadas en el Congreso por carecer el oficialismo de la mayoría calificada necesaria, se optó por el Plan B, consistente en reformas a las leyes secundarias en las que no se requiere tal mayoría calificada, mismas que, por supuesto, pasaron tal cual y sin mayor problema.
Sin embargo, el Plan B fue impugnado por la oposición ante la Suprema Corte en donde se concedió la suspensión total de su aplicación hasta en tanto el Pleno de la Corte no resuelva en definitiva su constitucionalidad o no.
Sumado a lo anterior, concluyeron su mandato en el INE su titular y tres consejeros, asumiendo su titularidad los cuatro nuevos miembros a partir de la primera semana de abril.
Según algunos, de esta nueva camada, algunos serían proclives o tendrían simpatías por Morena, cosa que estaría por verse, habida cuenta de que quien lleva las riendas en última instancia es el Consejo General del INE, por lo que se anticipa una férrea batalla por venir.
Aunado a lo anterior, vienen las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, siendo el primero una especie de laboratorio de lo que serán las elecciones federales presidenciales. Estaremos atentos.
Se anticipa una lucha que podría traer componentes de inestabilidad política o económica, o ambas y una profundización en la división social de por sí ya bastante ahondada a diario por el Presidente desde la tribuna mañanera.
José Santana