Dafne no debió morir. La escuela donde la asesinaron nunca debió operar.
Los detalles de la investigación ya son conocidos y las indagatorias siguen en curso. Pero, haya sido una novatada o una medida disciplinaria llevada al extremo, el resultado es el mismo: crueldad, violencia y un presunto delito. Corresponderá a la Fiscalía detener a los verdaderos responsables, determinar quiénes participaron directamente en el crimen y establecer hasta dónde llegó la cadena de complicidades de quienes, por miedo o presión, guardaron silencio frente a los abusos.
Lo cierto es que la muerte de Dafne despertó la indignación y la preocupación social por el alcance de la justicia, pero también por las omisiones de las autoridades educativas y militares que permitieron –y, en algunos casos, siguen permitiendo– la existencia de instituciones sin la debida supervisión.
¿Cómo explicar que una escuela operara durante 36 años y se anunciara como Academia Militarizada de Marina sin que ninguna autoridad advirtiera su ilegalidad? Sólo después de la tragedia se informó que ni la Secretaría de Educación, ni la Secretaría de la Defensa Nacional autorizaban ese modelo educativo. Apenas entonces llegaron los anuncios de inspecciones y revisiones. Demasiado tarde para Dafne y para su familia.
El problema, sin embargo, va mucho más allá de esa escuela. Una situación similar ocurre en numerosos anexos o centros de rehabilitación que, con el argumento de corregir conductas o tratar adicciones, terminan convirtiéndose en escenarios de abusos, tortura e incluso muerte. Tan sólo en Nuevo León, en lo que va del año, se han registrado seis fallecimientos en circunstancias sospechosas dentro de este tipo de establecimientos. En esos casos, la omisión recae principalmente en las autoridades sanitarias encargadas de supervisarlos.
No cuestiono la decisión de las familias que, desesperadas por ayudar a un hijo con problemas de conducta o de adicción, recurren a estos lugares. Lo que debe cuestionarse es que muchos de esos centros operen sin la certificación, el aval o la vigilancia necesarios. La mayoría ni siquiera son clandestinos: se anuncian públicamente, son conocidos por la comunidad y funcionan a plena vista. Sin embargo, durante años permanecen fuera del radar de las autoridades.
En esa indiferencia institucional y en la reacción tardía frente a las tragedias también hay responsabilidad. Y esa culpa no puede seguir quedando impune.