Hace unos días, MILENIO publicó una serie de entrevistas con dirigentes de cámaras de transporte de carga y de turismo, quienes denunciaron las extorsiones de las que son víctimas de manera sistemática. No solo se trata de delincuentes bien organizados que mediante amenazas y simulando ser sindicatos exigen altas cuotas por supuesta protección. La constante también es la participación de autoridades de Tránsito, desde corporaciones locales –con señalamientos a municipios específicos– hasta instancias federales como la Guardia Nacional, donde la conocida mordida se vuelve condición para evitar infracciones.
Por todos los frentes, los transportistas son extorsionados. El problema se agrava cuando la denuncia queda únicamente en el ámbito mediático, como un grito al cielo que llama a la autoridad a intervenir, pero sin la confianza suficiente para formalizar denuncias legales. El temor a la burocracia y, sobre todo, a las represalias, inhibe cualquier acción jurídica. De ese llamado público no surgió nada: ni compromisos ni operativos.
Los delincuentes parecen organizarse mejor para extorsionar que las autoridades para combatir este esquema de corrupción. Al autotransporte de carga, este problema le costó aproximadamente 7 mil millones de pesos el año pasado. Sin embargo, alguien tiene que pagar los platos rotos: actualmente, cerca del 10 por ciento del valor total de los productos transportados se destina a cubrir costos de seguridad, que incluyen pagos extorsivos y medidas preventivas. Ese 10 por ciento, al final, lo pagamos todos en el precio de los productos.
Hace poco más de un año tuve la oportunidad de conversar con un importante transportista de Coahuila, quien me confesó que prefería pagar a la delincuencia organizada antes que a la autoridad. “Ellos me cuidan mejor. Mis choferes y mi carga están más seguros con esa protección que pagando una mordida a las autoridades solo para evitar una supuesta multa”, afirmó. Una confesión dura, pero reveladora. También aseguró no ser el único.
Así es como esta cadena de corrupción y delitos sin denuncia se normaliza y se expande. En los últimos cinco años, las pérdidas han ido en aumento y la proyección para 2026 no es alentadora. Y seguirá siéndolo mientras persista la impunidad, la desconfianza para denunciar y la cómoda resignación de algunos transportistas que prefieren sostener a estos falsos sindicatos criminales antes que enfrentar un sistema que no les ofrece garantías.