“El amparo mexicano desprendía un olor a rancio que era necesario atender”, dijo en la tribuna el diputado Reynaldo Garza Elizondo, durante la sesión en la que, presidida por Guadalupe Flores Valdez, la LXI Legislatura local aprobó por unanimidad, la Minuta de la reforma constitucional en materia de amparo, en sesión celebrada el 26 de enero de 2011.
Con el voto del panista José Ramón Gómez Leal, de la priista Rosa Muela Morales y del ecologista Rigoberto Rodríguez Rangel, el decreto estableció un plazo de 120 días, posteriores al 6 de junio en que se publicó, para que el Congreso de la Unión expidiera las leyes reglamentarias.
Si la reforma constitucional tardó 27 meses, entre marzo de 2009 en que el PRI y el PRD presentaron la iniciativa y la publicación de la misma, en junio de 2011, la nueva Ley de Amparo demoró 26, entre febrero de 2011 en que Jesús Murillo Karam, a nombre del PAN y el PRI, presentó la iniciativa, hasta abril de 2013 en que fue publicada.
Es decir, ambas reformas iniciaron en el sexenio de Felipe Calderón y en los dos casos, la Cámara de origen fue el Senado.
La nueva Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, abrogó la vetusta norma publicada el 19 de enero de 1936, que dispuso en el artículo 73, las 18 causales de improcedencia del amparo, que no incluyeron las adiciones o reformas constitucionales.
A diferencia de la ley vigente, que ordenó en el artículo 61 las 23 causales de improcedencia, lideradas por las adiciones o reformas constitucionales.
Con una redacción que no deja lugar a la duda, el texto de la fracción primera señala que, el juicio de amparo es improcedente “contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Tal es el caso de la Reforma Constitucional en materia judicial, publicada el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, obstruida por el propio Poder Judicial de la Federación.
Un absurdo que está siendo apoyado por el bloque conservador (PRIAN), en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, cuando dichas bancadas fueron las que impulsaron y aprobaron la disposición de marras, al expedirse en abril de 2013 la Ley de Amparo vigente.
La judicatura jugando a la política.