A raíz del terrible homicidio de Ángel Yael Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato a manos de un guardia nacional, surge nuevamente cualquier cantidad de análisis, denuncias, señalamientos y acusaciones sobre la Guardia Nacional, sus mandos y su realidad militar.
Amén de la tragedia y el dolor de la familia de Ángel, así como en la de Edith Alejandra Carrillo —joven herida en el mismo hecho—, el fantasma de la militarización y las inquietudes que causa en los que se supone “enterados”, vuelve a tomar un rumbo incorrecto.
Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional no deberían ser la única respuesta a la gravísima situación de inseguridad que vive el país y quien en verdad lo crea y a la vez critique esa realidad, valdría la pena que comenzara a proponer soluciones diferentes.
Sin duda, no son los culpables o responsables de lo que sucede en materia de crimen, violencia, persecución del delito y procuración de justicia. Los factores de lo anterior son atribuibles a la debilidad institucional policiaca que gobernantes de los tres niveles de gobierno han provocado en los últimos 30 años en México, es decir, la presencia y acción militar en las calles nunca ha sido por decisión de los militares; ha sido debido a que, conforme pasa el tiempo, la gran mayoría de las corporaciones policiacas de este país, ya sea por incapacidad, omisión y/o complicidad, no pueden enfrentar los efectos que han provocado la indolencia, la corrupción y la irresponsabilidad gubernamental.
Cuando el candidato López Obrador prometió regresar a los cuarteles a los militares, lo hizo desde la tribuna electoral, misma que siempre desconocerá la realidad presidencial y en ella, la necesidad del soporte que las Fuerzas Armadas le han dado a las presidencias desde hace por lo menos 100 años.
No conozco sobre una manifestación social masiva y multitudinaria que exija que los militares se regresen a los cuarteles. Quienes reciben los beneficios de las acciones militares y navales son el grueso de los mexicanos, e insisto: no son los mexicanos en conjunto quienes lo piden; quienes no creen recibir ningún beneficio del instituto armado son los que en definitiva creen que el mejor estado y lugar para que estén los soldados es encerrados en sus cuarteles.
Quienes insisten en que deben regresar a sus cuarteles y a funciones estrictamente castrenses no alcanzan a comprender que la tendencia mundial de los últimos 25 años es que precisamente los soldados estén en las calles, colaborando y apoyando labores policiales, de seguridad pública; también labores de carácter social, económico y cultural, sin que por ello pierdan su esencia militar para poder defender a sus países de posibles amenazas y enemigos.
Las Fuerzas Armadas mexicanas no necesitan la aprobación de unos cuantos. Soldados y marinos saben perfectamente que, cuando se trata de acciones y decisiones de gobierno, legislativas o judiciales, los militares no son el centro del problema, al contrario, en muchos casos son solución a lo que cada presidente, gobernadores, alcaldes, legisladores y jueces requieran.
De aprobarse la reforma de la Guardia Nacional, no cambiará las cosas para los militares.
Sí no se aprueba, tampoco habrá un cambio, ya que con o sin, la responsabilidad de soldados y guardias nacionales será la misma.
No es la militarización de la seguridad pública.
No se trata de regresar a los cuarteles.
Al contrario.
Juan Ibarrola
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