Hace unos meses, se presentó ante mí un caso de gran interés, que me mantuvo despierto buscando la mejor estrategia legal.
Mi amigo, David Pérez, quien dejó el sacerdocio hace dos años, adscrito a la Diócesis de Torreón, hizo pública una acusación de abuso sexual contra un prominente miembro de ese clero. Alega haber sido víctima de abuso sexual siendo menor de edad por parte de uno de sus formadores mientras estaba en el Seminario Diocesano.
Cuando me lo confió y me solicitó el apoyo legal, mi primera reacción fue sugerirle presentar una denuncia penal contra su abusador. Él expresó su intención de considerarlo, y yo, a su vez, me comprometí a reflexionar sobre el asunto. Antes de irse, enfatizó su deseo de que este caso no siguiera el patrón habitual de la Iglesia de simplemente distanciarse del abusador y pasar página. Deseaba una justicia restaurativa.
La justicia restaurativa está en proceso de desarrollo en nuestro país, pero aún queda mucho por avanzar en esta forma de resolver conflictos. Recién el año pasado se promulgó la Ley General de Medios Alternos de Solución de Controversias.
En una reunión posterior con él, comprendí que la vía penal no sería la más adecuada, ya que, por un lado, el elevado nivel de impunidad en nuestro país alcanza casi el 98 por ciento, y encerrar a su abusador tras las rejas no aportaría verdadera justicia mientras la estructura eclesial siga tolerando y fomentando el clericalismo, el abuso y el mal uso del poder entre sus clérigos.
Hay que enjuiciar a la estructura misma, por medio de sus legítimos representantes. El abusador de David no se hizo abusador de la noche a la mañana, se hizo abusador en un contexto que tolera y fomenta el uso insano del poder.
¿Cómo podemos hacer que la Iglesia católica, a través de sus asociaciones religiosas, sea responsabilizada legalmente cuando cometen abusos de poder, ya sea por omisión o acción, en perjuicio de sus fieles?
En México, la situación es complicada. La Iglesia católica posee un gran poder.
Después de dialogar con David, acordamos avanzar en dos frentes: el procedimiento ante la Secretaría de Gobernación y un litigio estratégico para establecer un precedente sobre el reconocimiento de las asociaciones religiosas como autoridades responsables en casos de violación de derechos humanos en el juicio de amparo.
Aunque la Ley de Amparo ya indica cuándo una entidad privada puede ser considerada como autoridad responsable, creemos que es necesario ir más allá. La Iglesia Católica no es una entidad privada común; es una institución que precede al propio Estado, y es crucial que, con base en el principio de realidad, se le reconozca como una entidad de gran influencia en nuestro país.
Los abusos de la Iglesia Católica, de los sacerdotes y religiosos, ya sea desde parroquias hasta universidades, sean Obispos o Provinciales, deben de ser llevados ante la justicia. Sentaremos ese precedente, ¡Dios está del lado de las víctimas!