La justicia cotidiana se refiere al conjunto de instrumentos y mecanismos que el Estado proporciona para resolver directamente los conflictos entre ciudadanos y, en algunos casos, entre ciudadanos y autoridades públicas.
Estos conflictos suelen surgir en áreas como la administrativa, familiar, civil y laboral.
El 98% de los casos que se resuelven en los tribunales de nuestro país lo hacen en el fuero común, es decir, en los poderes judiciales locales.
La mayoría de estos casos están relacionados con problemas de justicia cotidiana, como pensiones alimenticias, divorcios, custodias, rectificación de actas, juicios sucesorios y mercantiles, entre otros.
La justicia cotidiana es fundamental para la vida de la población.
Es una herramienta indispensable para lograr una convivencia social armoniosa, el desarrollo económico y la paz en nuestras comunidades.
Por ejemplo, una persona que necesita una pensión alimenticia depende de recibirla lo más pronto posible, ya que esto puede ser crucial para su vida diaria.
Una persona que busca divorciarse de una pareja maltratadora necesita medidas de protección urgentes, y su esperanza está puesta en el juzgado.
Una persona que necesita una resolución judicial de representación jurídica para asistir a un familiar con discapacidad encuentra en el juzgado su única solución.
Alguien que fue despedido injustamente y no recibe su indemnización, ve en el juzgado laboral su única esperanza de justicia.
Miles de personas necesitan un sistema de justicia cotidiana eficiente y expedito, donde los juzgados juegan un papel crucial. Sin embargo, enfrenta grandes retos.
Uno de ellos es la formación de futuros abogados y abogadas. Necesitamos escuelas de derecho que integren la teoría y la práctica, comprendiendo la importancia de la justicia cotidiana a través de casos reales.
Por eso, fundé una clínica de justicia cotidiana en la Ibero Torreón, con la idea de que los estudiantes conozcan de primera mano el poder del Derecho en la vida cotidiana.
Ahí resolvimos más de veinticinco casos en un año. Una gota de agua en el océano. Pero algo se hizo.
Otro problema es que en muchos juzgados, los expedientes superan los recursos humanos y financieros disponibles, lo que impide manejar el volumen de trabajo de manera eficiente.
Los salarios del funcionariado son muy bajos en comparación con el Poder Judicial de la Federación, donde no se litiga ni el 10% de los conflictos cotidianos.
En Coahuila, por ejemplo, un juez/a de primera instancia gana aproximadamente cincuenta mil pesos netos mensuales, un salario que no corresponde al compromiso social que su investidura implica.
Un secretario/a de juzgado percibe unos veintidós mil pesos netos mensuales, y un actuario/a, catorce mil pesos.
Es necesario que los poderes locales dignifiquen el salario de los funcionarios judiciales, aunque esto no es fácil debido a la necesidad de financiar un poder judicial que está abrumado por la cantidad de asuntos pendientes.
Lamentablemente, estos temas no están en el debate público.