El pasado 30 de agosto, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó ante el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados un nuevo paquete de reformas legislativas que será discutido durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
En materia de justicia, y como una segunda etapa de la Reforma Judicial, destacan modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley Federal de Revocación de Mandato.
Las propuestas plantean ajustes importantes al modelo surgido de la elección judicial: una Comisión Coordinadora para unificar criterios de los Comités de Evaluación de los tres Poderes; la reducción de candidaturas para simplificar la elección y la boleta; la concurrencia de la elección judicial de 2028 con la revocación de mandato; la creación de dos secciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de que las salas fuesen eliminadas el año pasado y, el fortalecimiento del Tribunal de Disciplina Judicial y la capacitación y evaluación permanente de las personas juzgadoras.
Son reformas relevantes y, en buena medida, necesarias.
El Poder Judicial de la Federación requiere estabilizarse después de una transformación que modificó abruptamente sus estructuras y composición, con consecuencias que ya se reflejan en la impartición de justicia.
Pero existe un problema de fondo: la Reforma Judicial vuelve a mirar hacia arriba cuando la justicia necesita comenzar desde abajo. El gran ausente es la Justicia Cotidiana.
De acuerdo con el Observatorio Judicial de la Ibero Ciudad de México, alrededor del 96% de los conflictos que enfrenta la ciudadanía corresponden al ámbito local.
Ahí están los problemas que realmente acompañan la vida diaria: pensiones, deudas, divorcios, custodia, arrendamientos, sucesiones y conflictos laborales.
Paradójicamente, mantenemos una enorme discusión nacional sobre la justicia federal mientras la justicia local —a la que acude la mayoría de las personas— continúa enfrentando rezagos estructurales.
El problema no es solamente normativo. Muchas personas ni siquiera acuden a los tribunales por la complejidad de los procedimientos, los costos, la falta de información o experiencias negativas previas.
Procesos que podrían resolverse en meses se prolongan durante años, desincentivando el ejercicio de derechos.
Existe, además, una profunda falta de alfabetización jurídica.
Quien desconoce sus derechos, los procedimientos y sus consecuencias enfrenta una enorme asimetría frente a quienes dominan el sistema.
Y la justicia también se pierde por agotamiento: personas que aceptan acuerdos desfavorables, abandonan sus expedientes o simplemente dejan de esperar.
Detrás de cada expediente hay una persona. Una madre que espera una pensión, una familia que necesita concluir una sucesión, una persona trabajadora que reclama sus derechos.
La justicia no es únicamente una institución; es una experiencia humana.
Por eso, una verdadera Reforma Judicial no puede limitarse a discutir quiénes integran los tribunales federales.
Debe preguntarse cómo funciona la justicia cuando una persona común entra en contacto por primera vez con un juzgado.
No basta con fortalecer al Tribunal de Disciplina Judicial. Hay que lograr que los procesos concluyan oportunamente.
No basta con capacitar a las personas juzgadoras. Hay que transformar la experiencia de quienes acuden a los tribunales.
La verdadera transformación se medirá por algo mucho más sencillo: qué tan fácil es para una persona hacer valer sus derechos.
Porque para la mayoría de las y los mexicanos, la justicia no comienza en la juzgados federales.
Comienza en el problema que tienen hoy. La Justicia Cotidiana no puede seguir siendo el capítulo pendiente. Es urgente.