Cuando inicié mi gestión como coordinador de la licenciatura de Derecho en la Ibero Torreón, los directivos me encargaron tres cosas: potenciar la investigación, internacionalizar la licenciatura y promover la incidencia social.
Cumplí con todas al cabo de tres años, para posteriormente volver a la práctica legal privada y mantenerme como docente.
Con el debate nacional sobre la Reforma al Poder Judicial, deseo destacar el papel de la incidencia social de las escuelas de derecho en el sistema de justicia.
En diciembre de 2020, durante la inauguración de la Clínica Jurídica Óscar Romero en la Ibero Torreón, mencioné la importancia de la formación social de los/as abogados/as y cómo, a través de los despachos jurídicos universitarios, se puede fomentar el bienestar social, especialmente entre las poblaciones más empobrecidas.
Apunte que, la labor educativa debe ir más allá de formar abogados competentes; debe concebirse como un apostolado que forme a profesionales conscientes de la realidad social, compasivos con los más vulnerables y comprometidos con una sociedad más igualitaria, justa y fraterna.
Esta perspectiva de formación representa un desafío epistemológico y pedagógico, trasladando la construcción del conocimiento del aula a la realidad histórica.
Estos desafíos requieren integrar teoría y práctica en la docencia, haciendo de la realidad el principal insumo educativo.
Es indispensable que la labor docente se traslade a los márgenes de la sociedad, encontrándose personalmente con los desfavorecidos, aquellos que viven en los márgenes físicos, sociales y políticos.
Una licenciatura se convierte en un apostolado educativo cuando se realiza a la intemperie, no encerrada en sus propios muros ni segura en sus certezas.
Otro aspecto que abordé para justificar la pertinencia de las clínicas jurídicas es la necesidad de avanzar en la construcción del Estado de Derecho.
Aunque en los últimos 13 años se han dado pasos importantes en este tema a partir de la Reforma Constitucional de los Derechos Humanos, las escuelas de leyes han quedado rezagadas en la práctica de estas transformaciones, continuando con la misma metodología y enseñando los mismos contenidos.
Considero que las escuelas de derecho deben estar a la vanguardia en la didáctica jurídica y fomentar, desde temprana edad, la formación de abogados/as críticos, propositivos y humanistas, capaces de resolver problemas complejos; conscientes de la importancia del Derecho para las sociedades modernas y comprometidos con su país y su gente, especialmente con los más pobres.
Para ello, hoy al igual que cuando inauguramos la Clínica Jurídica Óscar Romero, considero que, las escuelas de derecho tienen un papel fundamental en el acceso a la justicia de las personas empobrecidas y en la formación de abogados y abogadas que además de competentes, sean conscientes, compasivos y comprometidos.