Antier, la presidenta de la República Claudia Sheinbaum anunció una serie de políticas públicas que permitirán a más de 330 mil jóvenes acceder a estudios universitarios, un esfuerzo significativo que busca revertir el rezago educativo de miles de jóvenes que, durante el auge de la mundialización económica en México, fueron marginados y etiquetados despectivamente como "ninis".
Este proyecto es destacable, y se suma a otros proyectos recientes de la presidenta, como la construcción del Tren México-Querétaro y del Tren México-Laredo, la edificación histórica de más de un millón de viviendas, el apoyo económico para mujeres de entre 60 y 64 años, el servicio de atención médica casa por casa y las becas universales para estudiantes de educación básica en todo el país.
Sin embargo, todos estos avances parecen eclipsados por la tormenta política que le dejó su predecesor, el ex presidente López Obrador, con la Reforma Judicial.
Es lamentable que, como la primera presidenta de México, esté lidiando con las secuelas de un legado marcado por la desmesura, el machismo y las decisiones imprudentes de quien le antecedió.
Desde el inicio de su mandato, ha tenido que sortear esta "bomba" de tiempo, enfrentando una crisis tras otra.
El episodio más reciente se da con la propuesta de reforma constitucional presentada por los principales líderes de Morena en el Congreso de la Unión, quienes además fueron precandidatos presidenciales: Adán Augusto, Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal.
Desde sus puestos de poder, impulsaron una iniciativa para modificar el artículo primero de la Constitución con la intención de que el control de convencionalidad no sea aplicado cuando algún artículo de la Constitución contraviniera tratados internacionales, como es el caso de la prisión preventiva oficiosa.
No solo eso, también plantearon la incorporación de un artículo que impediría que los juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad se presentaran contra reformas y adhesiones constitucionales, algo que ya está contemplado en la Ley de Amparo.
Sorprendentemente, horas después de la presentación de la iniciativa, los firmantes recularon, limitando la propuesta a que las reformas constitucionales no puedan ser impugnadas por dichos mecanismos.
La pregunta es, ¿quién intervino? ¿Fue la Presidenta o el "inquilino de Tlalpan"?
Lejos de fortalecer el liderazgo de la presidenta, estos legisladores parecen haberle colocado otra bomba en las manos, complicando aún más su gestión.
En lugar de apoyar, han exacerbado los retos a los que se enfrenta.
Lo que estamos presenciando es una reconfiguración del poder político en el país, pero dentro del mismo partido en el gobierno.
Esta no es una simple divergencia de opiniones; es una afrenta a la Presidenta.
En los próximos días veremos si será capaz de controlar a sus correligionarios o si, por el contrario, tendrá que enfrentar a los sectores más radicales de su propio partido.
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