La libertad de emprender es, en esencia, la libertad de soñar sin que el miedo sea el socio mayoritario de un negocio. Sin embargo, para miles de dueños de pequeñas y medianas empresas, esa premisa hoy parece una utopía.
No podemos hablar de un México competitivo ni de un Modelo de Desarrollo Inclusivo si el primer obstáculo que enfrenta un ciudadano al abrir una cortina es la amenaza que llega por un teléfono o por una nota debajo de la puerta. La extorsión es el veneno que mata a la MiPyME y paraliza la inversión en nuestras regiones.
Los resultados más recientes de nuestro Monitor de Seguridad presentan una realidad que no admite matices: entre enero y marzo de 2026, registramos 2 mil 915 víctimas de extorsión. Estamos hablando de un promedio de 32.4 personas que, cada día, ven vulnerada su paz y su patrimonio. Estas cifras nos sitúan en los niveles más altos de los últimos 11 años, una meseta de violencia que se ha vuelto intolerable para el sector productivo.
Pero hay una cifra aún más dolorosa y reveladora: el 97 por ciento. De acuerdo con el Inegi, casi la totalidad de las extorsiones en el país nunca llegan a convertirse en una carpeta de investigación. Vivimos bajo la sombra de la cifra oculta más alta de todo el sistema de justicia.
Lo que vemos en las noticias y en los reportes oficiales es apenas el 3 por ciento de un alarmante progreso de la extorsión que tiene de rodillas a quienes generan empleos. La falta de denuncia es el reflejo de un sistema que no ha sabido garantizar la confianza necesaria para que la víctima se sienta protegida y no doblemente vulnerada.
Además, el Índice de Extorsión Coparmex (IEC) muestra que la complejidad del problema es diversa: 14 entidades federativas superan el promedio nacional de riesgo, con Morelos, Tabasco y Zacatecas encabezando los niveles más inquietantes.
En el primer trimestre, estados como Chihuahua y la Ciudad de México alcanzaron máximos históricos, mientras que municipios en Guanajuato y la capital concentran las tasas más altas. Esta radiografía nos obliga a exigir una estrategia que atienda las particularidades de cada región.
La seguridad es el cimiento de todo. Sin ella, no hay Estado de Derecho; sin Estado de Derecho, no hay confianza; y sin confianza, el crecimiento económico es simplemente imposible. Invertir en inhibidores de señal en los centros penitenciarios y fortalecer los mecanismos de atención a víctimas no son gastos, son inversiones urgentes para rescatar nuestra economía.
La extorsión no puede seguir normalizándose ni minimizándose. No es un "costo de hacer negocios". Es un ataque directo a la viabilidad de nuestra nación.
Seguiremos trabajando con firmeza para que la seguridad deje de ser el freno de nuestra competitividad y se convierta en la garantía que todo aquel que apuesta por México merece recibir. La lucha contra la extorsión es la lucha por el futuro de nuestras familias y por la permanencia de nuestras empresas. No daremos un paso atrás.