El poder electoral, amenazado

Ciudad de México /

El jueves 17 de febrero, invitado por magistrados de la Comisión de Fortalecimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, participé en la mesa “Visión Fundacional del Sistema de Elecciones y la Justicia Electoral en México”, con otros “fundadores”, reformadores y testigos de la vigente “mecánica del cambio político”, como la llama Pepe Woldenberg. Ante magistrados, incluido su presidente, expuse brevemente nuestra visión-semilla. En 1988, Acción Nacional consideró ilegítimo de origen a Carlos Salinas, en elecciones organizadas por Manuel Bartlett, quien calló al sistema para tapar su fraude electoral. El 10 de septiembre presenté en Cámara de Diputados nuestro voto particular solicitando la nulidad de la elección presidencial, al evidenciar ilicitudes en más del 20% de distritos electorales. En noviembre, Luis H. Álvarez lanzó el “Compromiso Nacional por la Legitimidad y la Democracia”:al presidente “electo” se exigió legitimarse en el ejercicio del cargo, actuando como gobierno de transición a la democracia. Vino el desarrollo de nuestra idea de cambio de estructuras políticas para lograr: (i) legitimidad (de origen, en el ejercicio del poder, y de la legalidad electoral); (ii) representatividad, y (iii) gobernabilidad. Coordiné a diputados que elaboramos propuesta integral de nuevo Sistema Electoral, aprobado tras largas negociaciones. Fue la 1ª. generación de normas creadoras del IFE, la credencial con fotografía, un Tribunal Federal Electoral autónomo, insaculación en integración de mesas de casillas, calificación jurisdiccional de la elección de legisladores, reestructuración del Registro Nacional de Electores, un capítulo de delitos electorales con mayores sanciones al fraude electoral, entre otros.

Diseñamos y desarrollamos el “mecanismo” de un nuevo poder(aparte de los 3 clásicos),el Poder Electoral, con dos órganos, el IFE y el Tribunal Federal Electoral. Éste no lo adscribimos al Poder Judicial, ni lo mantuvimos como tribunal administrativo. Los concebimos como órganos inmediatos del Estado, no subordinados a ningún otro poder. Así los plasmamos en el Art. 41 constitucional. Como órganos creadores, al quedar su función limitada jurídicamente al acto de creación consistente en organizar elecciones federales y calificarlas, y definir los integrantes del Poder Legislativo, y al titular del Poder Ejecutivo, cada tres o seis años. En el COFIPE incluimos ley orgánica a ese 4º. Poder, el de “la soberanía popular en movimiento”, como reconoció el diputado del PRI, Martínez Báez. Esta es la “génesis de la gran construcción institucional” con la que logramos, por fin, respeto al voto popular, y luego, la alternancia en la presidencia. Lo narramos a detalle en el libro “Voto en Libertad” (M.A. Porrúa, 2009).

En 2022 estamos en un escenario adverso a la democracia, e inverso a 1988. El presidente, legítimo de origen, se deslegitima diario en el ejercicio del poder, al dañar derechos humanos ala salud, vida, trabajo, educación, seguridad; y por mentir y corrupción. Afecta más a los más pobres. Los más ricos del país, intocados(sin reforma fiscal). AMLO ayer se burló del “índice de Democracia 2021” publicado en “The Economist”, que evidencia dejamos de ser una “democracia deficiente”, de 6.9 puntos, y pasamos a ser una en “vías de autoritarismo”, de 5.57. No quiere ver la realidad. Y ya amenazan con remover consejeros del INE, y regresar a la “mecánica Bartlett”. Retos ahora: Que conductores de INE y Tribunal se apeguen a la Constitución, hagan ecuación costo-beneficio ganadora para el pueblo. El Tribunal debe dar mayor publicidad y transparencia a sus actuaciones y resoluciones, para incrementar legitimidad. Sugerí una justicia más jurisprudencial, de caso por caso, y no solo aplicadora de leyes. Y nos toca a los ciudadanos revertir déficit de partidos y de ciudadanía, convirtiendo masas en pueblo –consciente y libre, conocedor de sus deberes y derechos, respetuoso de la ley-. Y así lograr una democracia sustantiva o de contenidos económicos, sociales y políticos; que sea defendida por la ciudadanía.

Juan Miguel Alcántara

  • Juan Miguel Alcántara Soria
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