Guardia nacional va, legalidad no

El presidente López Obrador inició reclutamiento de jóvenes que quieran incorporarse a Guardia Nacional, sin contar con el fundamento legal para hacerlo y sin presentar estrategia de seguridad integral.

El jueves pasado, en Cámara de Diputados comparecieron órganos autónomos, expertos, activistas y líderes sociales, todos cuestionaron iniciativa militarizada de reforma constitucional del presidente para Guardia. El presidente de la CNDH planteó crear una corporación civil. El representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos sostuvo que mandos deben ser civiles, no militares y criticó falta de controles del Congreso y de estrategia para fortalecer corporaciones estatales y municipales.

Ma. Elena Morera sostuvo que aprobación de iniciativa es aceptar no habrá punto de retorno del Ejército a cuarteles en mediano plazo, considerando proyecto legal, presupuestal y operativamente militarizado y remató: solo en regímenes autoritarios dan la primera cara del Estado los militares: De 200 países, 134 tienen esquema civil y los otros 33 de mando militar coincidente con gobiernos autoritarios.

Y viernes compareció el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien anunció Presidente replantea Guardia tenga mando civil pero su conformación sí será militar: “con niveles de disciplina, régimen de servicios, ingreso, educación y doctrina homologados a militares”.

Este lunes precisaron: Su Junta de Jefes de Estado Mayor estará “compuesta por integrantes de las dependencias de Seguridad, Defensa Nacional y Marina”, y se mantiene propuesta de ser competente para investigar delitos de civiles. Esta tercera versión híbrida civil-militar contiene riesgos de esquizofrenia inclusive. Y faltan Ley Orgánica de la Guardia Nacional y otras dos leyes sin las cuales no puede actuar aún presidente.

Berrinches, necedades u ocurrencias aparte, debemos hacer escuchar razones y no dejarnos engañar. Última experiencia fallida de reclutamiento nacional fue la de Gendarmería de Policía Federal de Peña Nieto, quien prometió conformarla con 5 mil activos. Para lograr reclutar primeros 3 mil elementos evaluaron más de 65 mil aspirantes; y en dos años evaluaron casi 100 mil aspirantes y no lograron los 5 mil prometidos por lo que completaron con granaderos y de otras fuerzas ante presión de Los Pinos.

Para los 50 mil que busca López la proyección indica que deberán evaluar cerca de un millón de aspirantes-sin evaluaciones gansito ni cubiertos con fuerzas armadas-. En Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobamos en 2010 programa de policía estatal acreditable de Nuevo León: tuvo que ir a reclutar a Chiapas, Campeche o Veracruz porque en su estado hubo insuficiente respuesta ante el más atractivo proyecto estatal de vida policial del país. Muy probablemente completarán Guardia Civil con Fuerzas Armadas, lo adecuado era fortalecer la Policía Federal y un programa de fortalecimiento de capacidades policiales de estados y municipios.

Estas acciones del presidente López violan el principio de legalidad que establece: “la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite”, por no haber aún previsión constitucional ni legal que le autorice reclutar, operar, dirigir o remunerar una Guardia Nacional.

Ganan prisas, improvisación y ocurrencias. Y aquel principio junto con los del respeto de los derechos humanos, de división y equilibrio de poderes y órganos autónomos, mecanismos jurisdiccionales para garantizar restitución de derechos, de libertad de medios de comunicación y, sistemas de transparencia, rendición de cuentas y combate a corrupción son las técnicas indispensables de todo Estado de Derecho. Presupuesto: pueblo, no masa; demócratas.