El último sábado de enero el periódico Reforma publicó: “UIF Cdmx vs. Opositores. Cinco alcaldes de oposición de la Ciudad son investigados por la UIF local. Para ellos se trata de una persecución política”. La columna de Peniley Ramírez narra “pesca” de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica local, “UIF”, de información de alcaldes en bancos; un uso ilegal y perverso. Hecha para investigar delitos fiscales, y colaborar con la UIF federal en combatir lavado de dinero y delitos asociados. Hoy ambas usadas para espiar adversarios y caídos en desgracia, no tanto para evitar impunidad. La misma periodista publicó, en mayo del 2021:“El Juez incómodo y la UIF”, donde detalla solicitud de Santiago Nieto, a instituciones financieras, de todos los movimientos del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien frenó la reforma eléctrica de AMLO. En julio también informó, en “El desistimiento de la UIF”, que Nieto, requirió datos de consejero del INE incomodo a la 4t; y de otros. Y en diciembre reportó que la UIF, apenas llegado el ex-comunista Pablo Gómez, solicitó a instituciones financieras datos de 79 personas, adversarios unos, y también del fiscal Gertz, el ex consejero Julio Scherer. AMLO fortaleció UIF y SAT para control político, dentro y fuera de su círculo. Tufo autoritario incontenido.
Establecer una Unidad de Inteligencia Financiera en cada país fue recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), mecanismo intergubernamental que lideró el gobierno de Francia en 1989, para combatir lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otras amenazas al sistema financiero internacional; y para identificar vulnerabilidades a nivel local. Las UIF deben servir como centro nacional para recibir y analizar reportes de operaciones sospechosas y otros datos relevantes al lavado de dinero y demás actividades ilícitas catalogadas; y para comunicar resultados de ese análisis. UIFy FGR deben desarrollar investigaciones financieras en paralelo a la persecución de lavado de dinero, delitos determinantes asociados y financiamiento terrorista. México la creó en 2004, adscrita a la SHCP. ¿Las pesquisas de Nieto o Pablo Gómez, tienen qué ver con esos fines?
Esas recomendaciones hoy son obligaciones para países firmantes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo. México, en 2000). Exige pautas para combatir lavado de dinero, narcotráfico y corrupción. A ésta siguieron otras que mencionan las “UIF”: la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida), Convenio para la represión de la Financiación del Terrorismo; los referentes a Trata de Personas, especialmente mujeres y niños; al Tráfico Ilícito de Migrantes, y a la producción y tráfico ilícito de armas. Son normas jurídicas exigibles y verificables en nuestro país y fuera, junto por normas receptoras propias o internas.
Como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública me tocó impulsar y dar seguimiento, en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública, desde 2010, al compromiso de gobernadores de desarrollar Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPEs), equivalentes a UIF federal.(GTO hasta 2021 la estableció). El gobernador poblano Rafael Moreno Valle adscribió la UIPE a su secretaría particular, con graves riesgos y amenazas a derechos humanos y a legalidad. Descarados fueron Alberto Bazbaz, jefe de la UIF (le reclamamos omisiones dolosas), con Luis Videgaray y el encargado de PGR, en tiempos de Peña Nieto: zánganos, comparados con halcones-espías obradoristas, quienes se exhiben y extralimitan legalmente.
El Gran Hermano nos vigila. Orwell narra en “La Granja” corrupción del poder. Y en “1984”, ministerios del Amor, de la Verdad, de la Paz y de la Abundancia, manipulan la realidad. Aquí y ahora también quieren borrar límites de la ley (“Y mi palabra es la ley”), con ejercicio desenfrenado, locuaz y caprichoso del poder. Al tufo se resiste con verdades, y defendiendo ley, instituciones y libertades.
Juan Miguel Alcántara